La Justicia Federal recibió una denuncia penal para investigar presuntas irregularidades vinculadas con el plan de retiros voluntarios implementado en el Ministerio de Justicia durante 2024 y 2025.
La presentación también solicita determinar si el mismo mecanismo administrativo pudo haber sido trasladado posteriormente al PAMI, organismo donde actualmente cumplen funciones algunos exintegrantes de la cartera judicial.
La denuncia fue presentada por el periodista e investigador Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, quien además pidió ser aceptado como querellante en las actuaciones.
El escrito menciona a María Florencia Zicavo, exjefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y actual síndica general del PAMI; Juan Cruz Montero, exsubsecretario de Gestión Administrativa y actual coordinador ejecutivo del organismo; al abogado Danilo Sergio Montevidoni; Emilio Zicavo y otras personas que eventualmente pudieran ser identificadas durante la investigación.
Entre las conductas que el denunciante solicita investigar aparecen posibles negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación contra la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito y eventuales inconsistencias en declaraciones juradas patrimoniales.
La propia presentación aclara que se trata de hipótesis que deberán ser investigadas por el Ministerio Público Fiscal y el juzgado interviniente y que, hasta el momento, no implican una determinación de culpabilidad.
El eje de la denuncia está puesto en el procedimiento utilizado para desvincular a trabajadores contratados a través del ente cooperador ACARA.
Según el escrito, la reglamentación establecía que las extinciones laborales debían concretarse mediante escritura pública ante escribano. Sin embargo, el denunciante sostiene que en la práctica se habrían realizado homologaciones masivas ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).
De acuerdo con la presentación, esa modalidad habría generado honorarios profesionales que no estaban contemplados originalmente. También se incorporaron testimonios que señalan que numerosos trabajadores habrían sido representados por un mismo abogado, a quien presuntamente no habrían elegido de manera directa.
La denuncia plantea además la existencia de supuestos vínculos societarios y profesionales entre algunas de las personas mencionadas y cuestiona la falta de información oficial sobre los montos y detalles del programa de desvinculaciones.
También se solicita analizar posibles inconsistencias patrimoniales y el supuesto uso sin justificación de un vehículo registrado a nombre de una empresa contratista del Estado Nacional.
Otro de los puntos que deberá analizar la Justicia es si el traslado de exfuncionarios del Ministerio de Justicia hacia cargos dentro del PAMI estuvo acompañado por la aplicación de procedimientos administrativos similares en el organismo encargado de la atención de jubilados y pensionados.
Ante la Agencia Noticias Argentinas, fuentes libertarias rechazaron de manera tajante las acusaciones y aseguraron que los procesos de retiro voluntario se desarrollaron sin inconvenientes.
Como parte de la presentación, se solicitaron diferentes medidas de prueba, entre ellas pedidos de documentación a ministerios y organismos públicos, declaraciones testimoniales, revisión de registros societarios y patrimoniales y la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
