SOFIA ZANOTTIEl gobierno de Maximiliano Pullaro presentó un proyecto de reforma penal que busca fortalecer la lucha contra el delito organizado mediante nuevas facultades de investigación. Entre las medidas se incluyen mecanismos de espionaje digital, allanamientos sin orden judicial en casos específicos y flexibilización de reglas probatorias, así como cambios en la presencia obligatoria del abogado defensor en ciertas declaraciones policiales.
Especialistas en derecho penal y derechos humanos alertan que algunas de estas disposiciones podrían afectar garantías históricamente protegidas y representar un retroceso en la defensa de las libertades individuales. En particular, se cuestiona la ampliación de facultades policiales para la identificación y demora de personas, remitiendo a experiencias pasadas de uso abusivo de estas herramientas durante gobiernos autoritarios.
El proyecto también incorpora espionaje digital como instrumento estatal de inteligencia. Mientras el oficialismo lo justifica como necesario frente a organizaciones criminales sofisticadas, críticos advierten que su ampliación requiere estrictos controles para evitar afectaciones indebidas de derechos.
Asimismo, la posibilidad de realizar allanamientos y cambios en las declaraciones policiales sin intervención temprana de la defensa genera preocupación sobre el debido proceso y riesgos de abusos o nulidades posteriores.
En el plano político, algunos sectores señalan que la concentración de facultades excepcionales podría abrir la puerta a mecanismos de disciplinamiento político o institucional si no existen controles efectivos e independientes. La discusión va más allá del combate al crimen: se centra en garantizar que estas herramientas se utilicen únicamente para su objetivo y con auditorías claras que protejan el Estado de derecho.
