

El traspaso de rutas reabre el debate por peajes en Santa Fe
SOFIA ZANOTTIEl decreto del Gobierno nacional que permite transferir la gestión de rutas nacionales a las provincias volvió a instalar en Santa Fe un debate que mezcla infraestructura, financiamiento y responsabilidades políticas.

La medida, impulsada por la administración de Javier Milei a través del Decreto 253/2026, habilita a las provincias a asumir la concesión, mantenimiento y administración de tramos de rutas nacionales por períodos de hasta 30 años.
En la práctica, esto significa que las rutas seguirán siendo formalmente nacionales, pero la gestión operativa y los costos de mantenimiento podrían pasar a manos de los gobiernos provinciales mediante convenios específicos con la Nación.
El deterioro de las rutas
El estado de la infraestructura vial en Santa Fe es una preocupación que viene desde hace años. Corredores clave como las rutas nacionales 11, 33 y 34 presentan importantes deterioros, lo que impacta directamente en la seguridad vial y en la logística productiva de la región.
Durante meses, el gobierno provincial encabezado por Maximiliano Pullaro reclamó al Ejecutivo nacional por la falta de mantenimiento en estas trazas. La respuesta finalmente llegó, aunque no en forma de obras directas sino mediante la posibilidad de transferir la gestión a las provincias.
El eje del debate: cómo se financia
El punto que más debate genera es el financiamiento de las obras y el mantenimiento. El esquema planteado permite que las provincias otorguen concesiones de obra pública con peaje como forma de sostener las inversiones necesarias.
Esto abre un interrogante que ya circula en el ámbito político y entre los usuarios: los santafesinos podrían terminar pagando dos veces por las mismas rutas. Por un lado, mediante el impuesto a los combustibles —históricamente destinado a infraestructura vial— y por otro, a través de peajes.
El caso de la A012
Uno de los primeros corredores que aparece en discusión es la ruta A012, un anillo estratégico para el movimiento de cargas alrededor del Gran Rosario y el acceso a los puertos.
Su importancia logística la convierte en un punto central dentro del nuevo esquema, ya que conecta el sistema productivo con el complejo agroexportador más importante del país.
Reclamos por rutas provinciales
Mientras se analiza la posibilidad de asumir rutas nacionales, también crecieron los cuestionamientos sobre el estado de las rutas provinciales.
En redes sociales y entre usuarios frecuentes de la red vial se multiplicaron los reclamos, con ejemplos como la Ruta Provincial 1 en la zona costera, donde vecinos denuncian deterioro, falta de mantenimiento y riesgos constantes para quienes la transitan.
En ese contexto, surge una pregunta que empieza a instalarse en el debate público: cómo se administrarán nuevas responsabilidades si aún persisten problemas en la red provincial.
Sin definiciones claras
Desde el gobierno santafesino, por ahora, predominan las definiciones cautelosas. Funcionarios reconocen que aún faltan precisiones sobre plazos, financiamiento y la eventual implementación de peajes.
Lo que sí parece claro es que la discusión recién comienza y que el traspaso de rutas nacionales abre un escenario complejo, donde se mezclan necesidades de infraestructura, recursos limitados y decisiones políticas con impacto directo en los ciudadanos.


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