SOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional presentó en las últimas horas un pedido formal ante la jueza Loretta Preska para que se suspenda el proceso de búsqueda de activos embargables en el marco del juicio por YPF, que se tramita en el Segundo Distrito Judicial de Nueva York.
Según informaron fuentes de la Procuración del Tesoro de la Nación, la solicitud también incluye la suspensión del pedido de desacato impulsado por los demandantes. En el escrito, el Estado argentino advirtió sobre lo que definió como un “hostigamiento sistemático” contra un Estado soberano, a través de pedidos de discovery que calificó como intrusivos y desproporcionados.
El discovery es el mecanismo que permite a los beneficiarios de un fallo judicial solicitar información para identificar posibles activos embargables con el objetivo de ejecutar una sentencia. Desde la Procuración recordaron que, durante gestiones anteriores, la Argentina fue declarada en desacato en tres oportunidades, mientras que desde la asunción del actual gobierno, en diciembre de 2023, se cumplió plenamente con las órdenes del tribunal.
En ese sentido, destacaron que el país realizó un “esfuerzo extraordinario” para entregar toda la información considerada razonablemente relevante, con un volumen de documentación sin precedentes. Sin embargo, señalaron que, pese a ese cumplimiento, los demandantes incrementaron sus reclamos con pedidos que consideran ajenos al objeto del proceso.
Uno de los puntos más sensibles mencionados en la presentación es la solicitud de información sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central. Al respecto, el Estado argentino aclaró que dichos activos son propiedad del BCRA y que están protegidos por la inmunidad de ejecución, por lo que no pueden ser embargados.
Desde la Procuración del Tesoro sostuvieron que el proceso de discovery “se ha desnaturalizado” y que actualmente funciona como una herramienta para entorpecer el normal funcionamiento del Estado. También advirtieron que los demandantes habrían expresado su intención de afectar la recuperación económica del país, una conducta que calificaron como jurídicamente y moralmente inaceptable.
Finalmente, el Gobierno ratificó que continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para defender la soberanía nacional, el Estado de Derecho y frenar lo que considera pedidos ilegítimos que vulneran la legislación argentina y los principios del derecho internacional.
