SOFIA ZANOTTI
La Policía de la Provincia de Santa Fe atraviesa un momento crítico que se expresa lejos de los comunicados oficiales. En los últimos meses, las bajas voluntarias comenzaron a multiplicarse y encendieron alarmas dentro de la propia institución, donde el desgaste del personal se volvió una constante.
Según relatan efectivos y fuentes internas, las renuncias responden a una combinación de factores: salarios que no alcanzan, recargos permanentes, falta de equipamiento, maltrato jerárquico y una sensación extendida de soledad institucional. A esto se suma un sistema administrativo rígido que, ante problemas personales o de salud, responde con demoras y negativas.
En paralelo, el gobierno provincial sostiene un discurso de mejora en prevención y control del delito. Sin embargo, puertas adentro de la fuerza, el dato que se repite es otro: cada vez más policías deciden irse. La contradicción es evidente y golpea de lleno a la conducción política, en una provincia donde la seguridad es uno de los principales temas de agenda.
Uno de los puntos más sensibles es el desarraigo. La fuerza se nutre cada vez más de jóvenes del norte provincial, que ingresan a la carrera policial como salida laboral, pero que luego son destinados casi de manera automática a Rosario, el territorio más exigente y violento de la provincia. Los traslados implican largas distancias, ruptura del vínculo familiar y un impacto psicológico que, sin políticas de acompañamiento, termina siendo expulsivo.
En este contexto, la carta pública de la agente Tatiana Alderete volvió visible una realidad que muchos viven en silencio. Tras diez años de servicio, anunció su renuncia denunciando destrato interno, burocracia, privilegios y, sobre todo, la falta de cuidado de la salud mental del personal. Su testimonio puso en palabras un límite humano que atraviesa a la institución.
Casos similares se repiten, especialmente entre efectivos que solicitaron traslados por razones familiares o de salud y encontraron respuestas frías y esquemas inflexibles. El mensaje que reciben es claro: la vida personal queda relegada frente a la necesidad operativa.
La situación expone una crisis más profunda que lo salarial. Se combinan pérdida de autoridad del Estado como empleador, una cultura institucional rígida, ausencia de respaldo político real y un modelo de distribución del personal que sobrecarga a Rosario sin incentivos ni contención.
Dentro de la fuerza advierten que, si no hay cambios estructurales, la sangría de personal puede volverse irreversible. Porque la seguridad no se sostiene solo con estadísticas: depende de una institución capaz de cuidar a su gente, retener vocaciones y garantizar condiciones dignas de trabajo.
