SOFIA ZANOTTI
La Iglesia Católica volvió a expresar su rechazo a la baja de la edad de imputabilidad de los menores, un debate que el Gobierno nacional prevé llevar al Congreso en sesiones extraordinarias. La discusión recobró fuerza en los últimos días tras el crimen de Jeremías Monzón, un hecho que conmocionó a Santa Fe y reactivó el reclamo social por mayor seguridad.
El padre Dante Debbiagi, capellán de la cárcel de mujeres de Santa Fe e integrante del equipo de Pastoral Carcelaria de la Arquidiócesis, sostuvo que “es una idealización creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad sin considerar sus causas”. Sus declaraciones se alinean con el documento difundido por la Iglesia en marzo del año pasado.
En ese marco, Debbiagi remarcó que la postura eclesiástica no se centra en un caso puntual, sino en una problemática estructural que atraviesa a miles de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. “El régimen penal juvenil necesita un tratamiento distinto al de los adultos. No se trata solo de castigar, sino de generar cambios profundos”, explicó en diálogo con LT10.
El sacerdote también cuestionó la idea de que el encierro sea una solución automática. Señaló que muchas personas privadas de la libertad nunca lograron integrarse plenamente a la sociedad y crecieron sin acceso real a la educación, al trabajo o a un proyecto de vida.
Debbiagi puso el acento en la prevención como eje central de cualquier política pública efectiva y recordó el trabajo del padre Gabriel Carrón, fundador de la Casa Juan Diego, una institución santafesina dedicada a la contención de jóvenes en riesgo. “Cuando acompañamos al que ya está preso, muchas veces llegamos tarde. El trabajo debe hacerse antes, en los barrios, con las familias y en la escuela”, afirmó.
Además, advirtió que el sistema educativo suele verse desbordado por problemáticas sociales profundas, como la desintegración familiar y la falta de referentes adultos. “Si una persona no está sanada, no se la puede capacitar. Primero hay que recuperar a la persona y después pensar en su inserción”, sostuvo.
En relación al rol del Estado, el capellán aclaró que la responsabilidad es compartida. “No es solo del gobierno. Es un compromiso de toda la comunidad. Necesitamos políticas de Estado sostenidas en el tiempo, que no dependan de coyunturas ni de casos mediáticos”, subrayó.
Finalmente, expresó su solidaridad con la familia de Jeremías Monzón y reconoció el dolor y la demanda de justicia, aunque insistió en que el debate no debe agotarse en el castigo. “Quedarnos conformes solo porque alguien está preso no resuelve el problema de fondo”, concluyó.
