SOFIA ZANOTTI
El ministro de Salud, Mario Lugones, resolvió suspender de manera temporal la auditoría sobre las pensiones por discapacidad en todo el país. La medida estará vigente mientras avanza la investigación interna en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), intervenida tras la difusión de audios que revelaron presuntas irregularidades en la compra de medicamentos durante la gestión de su exdirector, Diego Spagnuolo.
Hasta ahora, la ANDIS había dado de baja a 128.667 beneficiarios. Según datos oficiales, más de 110 mil correspondían a pensiones otorgadas con documentación irregular, unas 8 mil a personas fallecidas y más de 10 mil a ciudadanos que renunciaron voluntariamente a la ayuda.
La decisión implica que, mientras dure el proceso de auditoría, no se enviarán nuevas citaciones ni se realizarán controles presenciales sobre los 1.013.400 beneficiarios activos. También queda en pausa la propuesta de transformar la agencia en un área dependiente del Ministerio de Salud, medida que requeriría aval legislativo.
En paralelo, el Congreso rechazó el veto presidencial y sancionó nuevamente la Ley de Emergencia en Discapacidad, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. La norma actualiza las pensiones no contributivas, establece compensaciones económicas y ordena saldar deudas con prestadores del sistema de salud.
El presidente Javier Milei ya adelantó que podría judicializar la decisión, al considerar que compromete el equilibrio fiscal del Estado.
