LORENA ACOSTA
El Senado de la Nación dejó firme este jueves la Ley de Emergencia en Discapacidad, que regirá hasta el 31 de diciembre de 2026 y será de orden público en todo el territorio nacional. La normativa introduce cambios significativos en materia de pensiones, prestaciones de salud y condiciones laborales para personas con discapacidad.
Uno de los puntos centrales es la actualización de las prestaciones del Sistema de Prestaciones Básicas, que deberán compensar la diferencia acumulada con la inflación desde 2023 y ajustarse mensualmente según los índices del INDEC. Además, el Estado nacional tendrá que cancelar la deuda existente con los prestadores de servicios de salud y garantizar una compensación extraordinaria con fondos del Tesoro.
En cuanto a las pensiones no contributivas, la ley establece que pasarán a ser equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio. Los beneficiarios podrán compatibilizar el cobro de la pensión con un empleo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que el impacto fiscal de estas medidas rondará entre 1,8 y 3,6 billones de pesos, según el número de nuevas altas, que podría oscilar entre 493 mil y 946 mil personas.
Asimismo, la Agencia Nacional de Discapacidad llevará adelante auditorías con criterios de salud y situación socioeconómica, garantizando notificaciones fehacientes, participación inclusiva y acceso a la información.
Otro aspecto destacado es el incentivo al empleo: los empleadores que contraten personas con certificado de discapacidad en puestos permanentes quedarán eximidos del 50% de las contribuciones patronales y jubilatorias durante tres años.
Con esta ley, el Congreso busca atender las urgencias del sector, garantizar derechos y aliviar la situación de miles de familias que dependen de estas políticas.
