El Gobierno desregula el mercado eléctrico y disuelve los entes ENRE y ENARGAS

Se habilita la libre competencia en energía eléctrica y se impulsa un ambicioso plan de inversión en transporte. El ENRE y el ENARGAS serán reemplazados por un único ente regulador.

Economía07/07/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
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El Gobierno Nacional oficializó este lunes la desregulación del mercado eléctrico mediante el decreto 450/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida marca una transformación profunda en el sector energético argentino al establecer nuevas reglas para fomentar la competencia, habilitar inversiones privadas y reorganizar el sistema de transporte de electricidad en todo el país.

La decisión se da en paralelo a la reciente disolución del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), que serán reemplazados por un único organismo regulador multisectorial, aún sin nombre definido, en el marco de la política de simplificación estatal impulsada por la administración del presidente Javier Milei.

Entre los puntos principales del decreto se destacan:

Apertura al comercio internacional: se permitirá la importación y exportación de energía eléctrica, bajo reglas claras. El Estado solo podrá intervenir por razones técnicas o de seguridad del suministro.
Contratación entre privados: se restablece la posibilidad de celebrar contratos de compraventa directa entre empresas, lo que busca dar previsibilidad al sistema y promover inversiones.
Libre elección del proveedor: se garantiza que los usuarios finales puedan elegir su proveedor de energía, eliminando trabas regulatorias.
Transparencia en las facturas: se prohíbe incluir impuestos locales o cargos ajenos al consumo real en las boletas de energía.
Además, se lanzó un ambicioso plan para ampliar el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con la construcción de 5.610 kilómetros de nuevas líneas de alta tensión —lo que representa un incremento del 38,3%— con una inversión estimada de más de US$ 6.600 millones, que será ejecutada por el sector privado bajo esquemas de concesión.

El decreto establece un período de transición de 24 meses para adecuar el marco normativo y garantizar una implementación progresiva. La medida apunta a modernizar el sistema energético, mejorar la eficiencia y asegurar el abastecimiento a mediano y largo plazo.

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