
El decreto fue publicado en el Boletín Oficial y establece reducciones en las alícuotas para granos y subproductos.

Inversionistas con fallos previos contra la Argentina buscan ejecutar el 51% de las acciones estatales de YPF, intensificando la disputa por el control de la petrolera.
Economía04/07/2025
SOFIA ZANOTTI

El conflicto judicial internacional por la propiedad de YPF se profundiza. Un nuevo grupo de fondos acreedores con fallos firmes contra la República Argentina solicitó a la jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, autorización para tomar posesión del 51% de las acciones de la petrolera estatal, actualmente en manos del Estado nacional.
Se trata de los fondos Attestor, Trinity, Bybrook, White Hawthorne y Bison Bee, que no participaron en el juicio por la expropiación de YPF, pero sí obtuvieron sentencias previas por el incumplimiento de deuda soberana argentina. A través de una presentación judicial, reclamaron prioridad en la ejecución del paquete accionario, alegando que sus fallos anteceden a los casos Petersen/Eton y Bainbridge, ganadores del juicio por la estatización de la compañía.
El pedido se enmarca en la figura legal conocida como "me too", utilizada para extender los efectos de una sentencia a otros casos similares. Los fondos sostienen que las acciones estatales constituyen el bien ejecutable más relevante para satisfacer las deudas impagas, y que, por tanto, deben formar parte del mecanismo de resarcimiento.
La jueza Preska había ordenado semanas atrás la entrega del 51% de YPF a los fondos Petersen y Eton Park como compensación por la expropiación sin oferta pública de adquisición en 2012. Esa resolución desató un complejo escenario de reclamos cruzados por parte de otros acreedores con sentencias firmes, que ahora se suman a la puja por el activo estratégico.
Por su parte, el Gobierno argentino solicitó la suspensión del fallo que habilita la entrega de acciones, alegando que la sentencia es jurídicamente inaplicable. En paralelo, continúa la ofensiva legal para frenar las ejecuciones y evitar una eventual pérdida del control estatal sobre YPF, empresa clave para la soberanía energética del país.

El decreto fue publicado en el Boletín Oficial y establece reducciones en las alícuotas para granos y subproductos.

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