Con un nuevo decreto, el Ejecutivo limita la intervención estatal en el gas licuado de petróleo (GLP) y deja que el mercado determine libremente precios, oferta y demanda.
Economía03 de julio de 2025
SOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional oficializó este jueves una profunda desregulación del mercado del gas envasado, a través del Decreto 446/2025 publicado en el Boletín Oficial. La nueva normativa redefine el rol del Estado en el sector del gas licuado de petróleo (GLP), limitando su intervención exclusivamente a tareas de fiscalización de seguridad, y quitando toda injerencia en los aspectos económicos del rubro.
Con esta medida, la Secretaría de Energía dejará de autorizar precios, controlar la oferta y la demanda, o intervenir en la instalación de nuevas plantas de fraccionamiento. Ahora, cualquier actor privado podrá instalar o ampliar plantas cumpliendo los requisitos legales, sin necesidad de autorización previa, siendo suficiente la presentación de documentación en un plazo acotado. Si en 10 días hábiles no hay respuesta oficial, el silencio administrativo se considerará como aprobación automática.
Según el texto oficial, esta desregulación busca “evitar sobrerregulaciones, distorsiones de mercado y sobrecostos operativos que encarecen los precios al consumidor”. También plantea que el sector privado “tiene la capacidad para diversificar la oferta, mejorar el servicio y optimizar la operación”.
Otra modificación clave es la flexibilización del régimen de marcas y envases: ahora los fraccionadores podrán envasar GLP de cualquier productor y para múltiples marcas. Se crea, además, un parque de envases de uso común para garantizar disponibilidad y evitar conflictos por recuperación de botellas.
En el plano internacional, se elimina la necesidad de autorización previa para importar GLP, aunque las exportaciones seguirán sujetas al abastecimiento garantizado del mercado interno.
Con este marco desregulado, el Gobierno espera fomentar inversiones privadas y una competencia más abierta en el sector energético, bajo el argumento de que “el funcionamiento libre y competitivo del mercado es el mecanismo más eficiente para asignar recursos”.
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