SOFIA ZANOTTI
La tensión entre el Gobierno nacional y los gobernadores de las 24 jurisdicciones del país se profundiza. En el centro del conflicto están los fondos que la Casa Rosada transfiere a las provincias, especialmente los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos.
La disputa comenzó semanas atrás, cuando un grupo de gobernadores se reunió con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la Casa Rosada para reclamar más fondos, ante la caída de la recaudación local que atribuyen a medidas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei. La respuesta inicial fue ambigua y derivó las negociaciones al equipo económico.
Posteriormente, los mandatarios provinciales se encontraron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y decidieron avanzar de forma unilateral con la presentación de un proyecto de ley que propone modificar la distribución de los recursos sin afectar el equilibrio fiscal. La iniciativa busca eliminar fondos fiduciarios -una figura criticada por Milei- y repartir directamente ese dinero entre las provincias. También se plantea que las jurisdicciones pasen a recibir el 58,36% de lo recaudado por el impuesto a los combustibles y que los ATN se distribuyan automáticamente.
La reacción del Ministerio de Economía fue ofrecer solo una parte del reclamo: coparticipar los ingresos del impuesto a los combustibles, sin modificar el sistema de transferencias discrecionales. Además, se propuso eliminar los fondos fiduciarios vinculados a obras públicas, con la condición de que cada provincia asuma el costo de terminarlas. Esta propuesta fue considerada insuficiente por la mayoría de los gobernadores.
Mientras algunos mandatarios evalúan aceptar lo ofrecido como paliativo temporal, el consenso predominante es impulsar la ley en el Congreso como vía para forzar una resolución institucional al conflicto. Por ahora, Francos no prevé nuevas reuniones con los gobernadores y las conversaciones siguen empantanadas en el área económica del Ejecutivo.
