Tras el histórico fallo por la expropiación de YPF, los fondos demandantes abren la puerta a un acuerdo con el gobierno de Javier Milei, que busca evitar un impacto económico mayor.
Economía01 de julio de 2025
GASTON PAROLA
Los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park, que lograron un fallo favorable en la justicia estadounidense por la expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012, manifestaron su disposición a negociar un acuerdo con la Argentina. La sentencia dictada por la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, obliga al país a pagar US$16.100 millones, aunque la cifra sigue creciendo diariamente por los intereses devengados.
En su resolución más reciente, Preska ordenó al Estado argentino entregar sus acciones de YPF en un plazo de 14 días, advirtiendo que el país tiene opciones legales disponibles, como obtener el aval del Congreso, impulsar un cambio legislativo o alcanzar un acuerdo directo con los fondos.
Los primeros contactos con el nuevo Gobierno se iniciaron tras la asunción de Javier Milei, quien durante su campaña había sugerido la posible privatización de YPF. En ese marco, Burford contrató a un equipo de economistas —Gerardo "Gerry" Mato, Hernán Rissolo y Tomás Gaona— para establecer puentes con la administración libertaria.
Mato, con trayectoria en el HSBC y conexiones en Wall Street, ya había organizado encuentros entre inversores y referentes económicos de Milei en 2023. Ahora vuelve a escena con el objetivo de cerrar un acuerdo que podría incluir una quita del monto original y pagos con bonos soberanos.
La demanda se originó tras la quiebra de las empresas Petersen en España, que habían adquirido acciones de YPF a Repsol durante el gobierno de Cristina Kirchner. Burford compró el derecho a litigar al fisco español, desembolsando 15,1 millones de euros más un porcentaje de la futura indemnización.
Mientras tanto, la Argentina apeló el fallo ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York y espera la conformación del tribunal que analizará el caso. Sin embargo, los intereses continúan acumulándose: US$2,5 millones por día, lo que agrava el impacto financiero potencial.
El gobierno argentino, representado por el estudio Sullivan & Cromwell LLP, enfrenta ahora una disyuntiva clave: seguir el camino judicial o avanzar hacia un acuerdo extrajudicial para cerrar un litigio que lleva más de una década.
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