SOFIA ZANOTTI
La Cámara de Diputados aprobó con 148 votos afirmativos, 71 negativos y 3 abstenciones la declaración de emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, una iniciativa impulsada por el bloque Unión por la Patria. El proyecto establece mejoras en asignaciones, actualización de ingresos para prestadores, cumplimiento del cupo laboral y fortalecimiento de auditorías y pensiones.
La norma beneficiaría directamente a personas con discapacidad, talleres protegidos, transportistas y acompañantes terapéuticos, e implica un impacto fiscal estimado entre el 0,22% y el 0,42% del PBI. El diputado Daniel Arroyo, autor del texto, sostuvo que se trata de una “ley fuera de la grieta” que busca responder a una “crisis profunda”.
Desde el oficialismo, se criticó la propuesta por su carga fiscal y se anticipó que el presidente Javier Milei podría vetarla, como sucedería con la ley recientemente aprobada para mejorar las jubilaciones.
Emergencia en zonas inundadas: unanimidad en el recinto
Durante la misma sesión, y por votación unánime, se declaró la emergencia y situación de catástrofe por 180 días en zonas afectadas por temporales en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, incluyendo Bahía Blanca. Se creó un fondo especial de $200.000 millones para obras prioritarias.
Más proyectos en agenda: educación, salud y moratoria previsional
También se debatieron iniciativas para financiamiento universitario (paritarias, becas y funcionamiento institucional), y una ley de emergencia pediátrica y de residencias médicas, destinada a garantizar sueldos, insumos y exenciones impositivas.
En materia previsional, la Cámara aprobó una actualización excepcional del 7,2% para jubilaciones y la modificación del bono de $70.000 a $110.000, que se ajustará mensualmente por inflación. Se reinstauró la moratoria previsional para personas en edad de jubilarse sin 30 años de aportes, con un costo fiscal proyectado de hasta 0,3% del PBI.
Además, el Estado nacional deberá pagar anticipos mensuales actualizados a las cajas jubilatorias provinciales, con una deuda acumulada superior a los $2 billones, según estimaciones de la ANSES.
