SOFIA ZANOTTI
El reclamo judicial de Cristina Fernández de Kirchner para restablecer el cobro de dos pensiones de privilegio —por un monto mensual bruto cercano a los 35 millones de pesos— enfrenta un nuevo obstáculo: el expediente quedó sin juez. La causa, radicada en el fuero de la Seguridad Social, apunta a revertir la decisión del Gobierno nacional de suspender ambas asignaciones, una por su condición de expresidenta y otra como viuda del exmandatario Néstor Kirchner.
El juez subrogante Ezequiel Pérez Nani, quien ya había fallado a favor de la exvicepresidenta en 2020, se excusó de seguir interviniendo, argumentando que actualmente está ternado para un cargo como juez titular, lo que podría comprometer su imparcialidad ante cualquier decisión sensible. Su reemplazo, la jueza Karina Alonso Candi, rechazó la excusación por considerar que no existen motivos válidos para apartarse del expediente, pero también declinó continuar con el proceso.
Ante este escenario, el caso fue devuelto a la Cámara Federal de la Seguridad Social, que deberá reasignarlo a otro juzgado. Mientras tanto, la defensa de Cristina Kirchner solicitó una medida cautelar para que se reanude el pago de las pensiones mientras se resuelve el fondo de la demanda.
En su presentación, los abogados argumentaron que la expresidenta “está inhibida y no posee bienes”, por lo cual las asignaciones suspendidas serían su único sustento económico. Las resoluciones impugnadas (1092/2024 y 94/2025) fueron dictadas tras la confirmación de su condena por corrupción en la causa Vialidad, donde se le impuso una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La legislación vigente establece que los expresidentes y sus viudas tienen derecho a una asignación vitalicia. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei resolvió suspender el doble beneficio, en línea con una medida previa del gobierno de Mauricio Macri que había intentado limitar la acumulación de pensiones.
El trámite judicial, que parecía avanzar con rapidez, ahora vuelve a foja cero ante la falta de un magistrado que asuma el expediente. La situación genera incertidumbre sobre el futuro del reclamo y suma un nuevo capítulo a la disputa entre el Ejecutivo y la exmandataria.
