El Gobierno desclasifica archivos de la SIDE sobre la Dictadura y declara crimen de lesa humanidad el asesinato de Humberto Viola

En el 49° aniversario del golpe cívico-militar de 1976, el Gobierno Nacional anunció la desclasificación de archivos de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) relacionados con el accionar de las Fuerzas Armadas durante la Dictadura. La medida incluye el traspaso de documentos históricos al Archivo General de la Nación y busca garantizar el acceso público a esta información.

Además, el Ejecutivo confirmó que presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso del asesinato del capitán Humberto Viola y su hija a manos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), con la intención de que sea reconocido como un crimen de lesa humanidad.

Un giro en la política de archivos históricos

El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó en un mensaje oficial que el objetivo es “poner fin al uso discrecional de estos documentos” y aseguró que los mismos “han sido utilizados como botín de guerra por distintos gobiernos”. En este sentido, destacó que el traspaso al Archivo General de la Nación permitirá que la información esté “al servicio de la memoria y no de la manipulación política”.

La medida se suma a una serie de decisiones de la administración de Javier Milei en materia de derechos humanos, incluyendo la reducción del personal en la Secretaría de Derechos Humanos y el cierre de la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños, dependiente de la CONADI.

El caso Viola y su reclamo ante la CIDH

El Gobierno también confirmó que impulsará la declaración del asesinato del capitán Viola y su hija de 3 años como un crimen de lesa humanidad. Según Adorni, la familia había solicitado justicia ante la CIDH en 2016, pero el caso fue rechazado en Argentina bajo el argumento de que no se trataba de un delito imprescriptible.

Para revertir esta situación, el Ejecutivo enviará un proyecto de ley al Congreso para establecer la imprescriptibilidad penal y civil de delitos cometidos en el contexto del conflicto armado interno de los años 70.

La decisión del Gobierno ha generado reacciones dispares: mientras sectores oficialistas respaldan la medida, organismos de derechos humanos y dirigentes opositores han expresado preocupación por lo que consideran un intento de “revisión parcial” de la historia reciente del país.

En paralelo, organizaciones y agrupaciones políticas preparan una masiva movilización en Plaza de Mayo en conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.