SOFIA ZANOTTI
El Gobierno Nacional expresó su malestar por la decisión de la jueza porteña Karina Giselle Andrade, quien ordenó la liberación de los 114 detenidos durante los disturbios ocurridos en la marcha de los jubilados el miércoles pasado en las inmediaciones del Congreso. Los manifestantes, que exigían mejoras en sus pensiones, se enfrentaron a las fuerzas de seguridad, lo que resultó en episodios de violencia en la capital argentina.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X, cuestionó de manera enérgica el fallo de la jueza, quien dejó en libertad a los detenidos pocas horas después de su arresto. “La jueza Karina Giselle Andrade dio la orden de liberar a los 114 detenidos que junto a muchos otros ayer destruyeron la Ciudad de Buenos Aires y atacaron a las fuerzas de seguridad”, expresó el funcionario. En su mensaje, Adorni también criticó lo que denominó "la justicia de la puerta giratoria", responsabilizando a esta forma de justicia por el aumento de la inseguridad en el país.
“El que milita la impunidad en cada fallo también es cómplice”, agregó Adorni, sugiriendo que este tipo de decisiones judiciales contribuyentes a una percepción de impunidad que afecta la seguridad en Argentina.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también se pronunció sobre el tema. Si bien no mencionó directamente a la jueza, planteó que las decisiones judiciales deben ser más estrictas cuando se trata de actos de violencia en manifestaciones. “Si se determina 130 o 140 personas y en pocas horas una jueza dice que como estaban defendiendo derechos, no se puede fijar la flagrancia, eso no puede ser”, sostuvo Francos. Y agregó que, de entenderse la ley de esa manera, “es muy difícil combatir la violencia de sectores extremos porque en definitiva la Justicia los libera”.
Durante los disturbios, que se produjeron en pleno centro de la ciudad, la Policía de la Ciudad detuvo a 94 personas. Sin embargo, a primeras horas de la madrugada del jueves, todos los detenidos fueron liberados, con 71 hombres y 23 mujeres quedando en libertad tras 24 horas de arresto.
Este episodio reavivó el debate sobre la aplicación de la ley y el accionar judicial ante manifestaciones violentas, especialmente cuando la figura de la "flagrancia" se pone en discusión.
