SOFIA ZANOTTI
En medio de la devastadora inundación que azotó Bahía Blanca, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha solicitado al Gobierno Nacional que una parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sea destinada a la reconstrucción de la ciudad costera. Sin embargo, en la Casa Rosada, aunque se reconoce la magnitud de la tragedia, se evita confrontar con el mandatario bonaerense y se opta por una estrategia de cautela.
El Ejecutivo nacional, que ha dispuesto la transferencia inmediata de 10 mil millones de pesos a Bahía Blanca, espera una solicitud formal por parte de la Provincia para considerar nuevos fondos. "Estamos a la espera de que la provincia oficialice la emergencia y haga una solicitud específica de recursos", indicó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Desde la Nación, aseguran que cualquier ayuda adicional dependerá de un plan claro y detallado de reconstrucción.
En paralelo, en el Congreso, se han presentado dos proyectos para declarar la emergencia en la región y establecer un fondo específico para su reconstrucción, con una cifra tentativa de 20 mil millones de pesos. Sin embargo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, los proyectos aún no han sido aprobados y la oposición en el Congreso presiona para que la declaración avance con rapidez.
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, manifestó que los recursos enviados no serán suficientes para cubrir los daños causados por las inundaciones, y mencionó una cifra mínima de 400 mil millones de pesos para poner en marcha la reconstrucción. A pesar de los esfuerzos, el Gobierno Nacional mantiene una postura reservada, evitando enfrentamientos políticos en un contexto de alta sensibilidad.
Desde el oficialismo, se señala que el pedido de Kicillof se enmarca dentro de la interna del peronismo, sin que esto afecte la postura del Gobierno respecto a la gestión de la emergencia. El oficialismo sigue analizando las mejores vías para garantizar la ayuda, sin comprometerse a un monto específico por el momento.
A medida que continúan los esfuerzos de contención en Bahía Blanca, el debate sobre cómo gestionar la ayuda se intensifica. La Nación sigue firme en su posición de no destinar recursos sin una solicitud formal y un plan definido, mientras que los distintos actores políticos se preparan para una posible discusión en el Congreso.
