Denuncia contra Cristina Kirchner y Enrique Eskenazi podría favorecer a Argentina en la demanda por YPF

La jueza estadounidense Loretta Preska abrió una consulta que podría modificar su fallo contra Argentina en la demanda por la estatización de YPF, tras la presentación de una denuncia que involucra a Cristina Kirchner y Enrique Eskenazi. El Gobierno tiene hasta el 25 de febrero para responder.

Política 23/02/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
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El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, instó al Gobierno a actuar con rapidez ante la consulta realizada por la jueza estadounidense Loretta Preska, quien podría reconsiderar su decisión en la causa por la estatización de YPF.

Según Ferraro, esta instancia judicial surge gracias a la denuncia presentada por la ONG Republican Action for Argentina (RAFA) y a la causa iniciada en 2006 por Elisa Carrió, la cual se encuentra pendiente de resolución en Argentina.

La sentencia en cuestión obliga al Estado argentino a pagar 16.000 millones de dólares al fondo Burford Capital por el proceso de estatización de YPF en 2012. Sin embargo, la reciente consulta de la jueza Preska abre la posibilidad de que el fallo sea revisado, lo que podría representar un alivio financiero para el país.

Desde la Coalición Cívica, la diputada Marcela Campagnoli también se pronunció en redes sociales, destacando que la denuncia original de Carrió y un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) de 2018 podrían ser claves en este proceso. "Si el Gobierno responde a tiempo, existe una oportunidad real de revertir la decisión y ahorrar casi 17.000 millones de dólares", afirmó.

El matutino Clarín adelantó que el plazo para que Argentina responda vence el próximo martes 25 de febrero. La presentación de RAFA expone presuntas irregularidades en la administración de YPF previas a la estatización, lo que podría influir en la resolución final del caso.

En este contexto, los analistas advierten que la respuesta del Gobierno de Javier Milei será determinante. Una estrategia legal bien fundamentada podría inclinar la balanza a favor del país y modificar un fallo que, hasta ahora, parecía inapelable.

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