La decisión del Ejecutivo se basa en la vinculación del grupo con ataques incendiarios y otros actos violentos en el sur del país. Facundo Jones Huala, líder de la RAM, reivindicó públicamente estas acciones.
Política 14/02/2025
SOFIA ZANOTTI
El Gobierno de Javier Milei incluyó a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), señalando su responsabilidad en los incendios provocados en la Patagonia y otros ataques contra infraestructuras y propiedades en la región.
La decisión, oficializada a través de una resolución del Ministerio de Seguridad publicada en el Boletín Oficial, implica que la RAM será tratada como una organización terrorista dentro del marco legal argentino. Esta medida permitirá la cooperación con otros países en la lucha contra el financiamiento de grupos considerados peligrosos para la seguridad nacional.
Justificación de la medida
El Gobierno argumentó que la RAM ha llevado a cabo durante más de una década una serie de actos de violencia en las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén, incluyendo incendios intencionales, ataques a viviendas y agresiones directas contra personas. Además, destacó que estos hechos han sido públicamente reivindicados por sus líderes, como Facundo Jones Huala, quien recientemente declaró: "Reivindico los sabotajes y los atentados incendiarios a la infraestructura del sistema capitalista, de las trasnacionales, de los terratenientes”.
Desde el Ministerio de Seguridad, se señaló que la inclusión de la RAM en el RePET responde a compromisos internacionales asumidos por Argentina en la lucha contra el terrorismo, como la Convención Interamericana contra el Terrorismo y resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. En este registro también figuran organizaciones como Hezbollah, Hamas, Al Qaeda y el Estado Islámico.
Consecuencias de la inclusión en el RePET
Al ser incorporada en el RePET, la RAM queda sujeta a restricciones financieras y de circulación, lo que implica el congelamiento de activos y la prohibición de financiamiento por parte de entidades nacionales e internacionales. Además, las fuerzas de seguridad podrán reforzar operativos de inteligencia y aplicar sanciones más severas contra los involucrados en actividades del grupo.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que la medida es clave para frenar la escalada de violencia en la región y evitar nuevos atentados. "No podemos permitir que sigan ocurriendo actos de terrorismo en nuestro país. Con esta decisión, damos un paso fundamental para garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger el Estado de Derecho", sostuvo la funcionaria.
Reacciones y contexto legal
Diferentes sectores políticos y sociales han reaccionado ante la decisión. Mientras que funcionarios del Ejecutivo y del oficialismo respaldaron la medida como una acción necesaria para restablecer el orden en la Patagonia, sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación sobre las posibles implicaciones para comunidades indígenas que reclaman tierras en la región.
En términos jurídicos, la inscripción en el RePET se basa en el artículo 41 quinquies del Código Penal de Argentina, que agrava las penas de los delitos cometidos con fines terroristas. Además, el Gobierno ha asegurado que esta medida se alinea con estrategias internacionales de lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.
Situación en la Patagonia y próximos pasos
La declaración de la RAM como grupo terrorista se produce en un contexto de creciente conflictividad en el sur del país, donde en los últimos meses se han registrado incendios devastadores y enfrentamientos entre comunidades mapuches, propietarios de tierras y fuerzas de seguridad. Con esta medida, el Gobierno busca endurecer su postura frente a grupos radicalizados y evitar nuevos episodios de violencia.
Por el momento, se espera que la Cancillería argentina notifique formalmente la decisión a otros países y organismos internacionales. En paralelo, las autoridades nacionales han reforzado la vigilancia en zonas donde la RAM tiene presencia activa y se preparan para eventuales acciones judiciales contra sus integrantes.
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