ARCA soporta controles sobre transferencias bancarias y billeteras virtuales

Desde este mes, la Agencia de Recaudación y Control Administrativo (ARCA), entidad que reemplazó a la AFIP, reforzará la fiscalización de las transferencias bancarias y movimientos en billeteras virtuales que superen montos específicos. La medida busca combatir el fraude fiscal y el lavado de dinero, estableciendo nuevas obligaciones de reporte para entidades financieras y proveedores de servicios de pago.

Nuevos umbrales de control
Según lo establecido por ARCA, las entidades financieras y billeteras virtuales deberán reportar los siguientes movimientos:

Montos superiores a $600.000:

Total de consumos con tarjetas de débito.
Ingresos o egresos acumulados en billeteras virtuales.
Montos superiores a $1.000.000:

Total de acreditaciones bancarias registradas en un mes.
Depósitos a plazo fijo constituidos dentro del período mensual.
Extracciones en efectivo, tanto en el país como en el extranjero.
Saldos finales en cuentas bancarias y billeteras virtuales al cierre de cada mes.
Montos superiores a $2.000.000:

Aplicable exclusivamente a billeteras virtuales en caso de transferencias interbancarias o digitales que superen esta cifra.
Documentación requerida para justificar movimientos.
Los usuarios cuyas transacciones sean observadas podrán ser requeridos por ARCA para justificar el origen de los fondos. Entre los documentos que la entidad podría solicitar se incluyen:

Boletos de compra y venta.
Documentación que acredita la venta de acciones o empresas.
Recibos de sueldo o comprobantes de jubilación.
Facturación de los últimos meses en caso de trabajadores independientes.
Constancia de monotributo.
Certificado de fondos emitido por un contador público.
Impacto y reacciones
La nueva normativa genera preocupación entre usuarios de plataformas digitales y pequeños empresarios, quienes temen que el endurecimiento de los controles pueda traducirse en mayor burocracia. Mientras tanto, desde ARCA argumentan que estas medidas son fundamentales para garantizar una mayor transparencia en las transacciones y prevenir delitos económicos.