SOFIA ZANOTTI
El sistema de salud argentino enfrenta una creciente crisis, evidenciada por un aumento significativo en las demandas contra las empresas de medicina prepaga y las obras sociales. Según el Colegio de Abogados, las presentaciones de amparo por falta de cobertura médica han crecido entre un 30 y un 40% en 2024, en gran parte como consecuencia del decreto 70/23, que permitió el incremento de las cuotas de estas empresas.
Casos como el de Nico, un niño que recibe tratamiento de quimioterapia, son cada vez más comunes. Su familia tuvo que recurrir a la Justicia Federal para obligar a la prestadora de salud a cubrir el costo de un medicamento esencial. Karina Mazzeo, presidenta del Instituto del Derecho de la Salud del Colegio de Abogados, señala que las quejas no solo abarcan a las prepagas de alta gama, sino también a aquellas de menor costo y al PAMI.
“Las negativas a cubrir tratamientos necesarios, como prótesis y medicamentos oncológicos, son cada vez más frecuentes. Esto afecta a pacientes de todas las edades y condiciones, quienes se ven obligados a judicializar sus reclamos para obtener lo que les corresponde por ley”, afirmó Mazzeo.
Además, desde la Defensoría del Pueblo, se ha reportado un aumento del 20% en las consultas relacionadas con la falta de cobertura de salud, dividiéndose en tres categorías principales: incrementos en las cuotas de medicina prepaga, negativas de afiliación a monotributistas y rechazos de cobertura médica.
El creciente costo de la medicina y la disminución de los ingresos de los trabajadores han exacerbado esta situación, llevando a muchos a la desesperación. Un hijo de una mujer de más de 80 años que necesitaba un marcapasos, expresó su angustia ante la falta de respuesta de la prepaga: “Tuve que rogar que apuraran la compra del aparato. El monto que mi madre paga es exorbitante y aún así enfrenta estas dificultades”, relató.
El Programa Médico Obligatorio (PMO) establece que todas las prestadoras deben ofrecer un mínimo de cobertura en tratamientos y medicamentos, sin embargo, Mazzeo advierte que, en la práctica, se han observado recortes en las prestaciones, dejando a los pacientes en una situación vulnerable.
La Defensoría del Pueblo también interviene en estos casos, ofreciendo asesoría y mediación, aunque advierte que en situaciones críticas, como tratamientos oncológicos, el tiempo es un factor esencial que puede determinar la efectividad de la atención médica.
