SOFIA ZANOTTI
En el marco de una creciente tensión entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las autoridades de la Inspección General de Justicia (IGJ) están a punto de anunciar la suspensión de la asamblea prevista para el 17 de octubre, donde se iba a formalizar la reelección anticipada de Claudio “Chiqui” Tapia como presidente de la AFA. Esta medida, impulsada por un pedido del Club Talleres de Córdoba, pone en jaque el plan del máximo dirigente del fútbol argentino, quien pretendía asegurar su cargo hasta 2028.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aseguró que “lo que está haciendo la AFA no está permitido”, refiriéndose a la interpretación que la entidad futbolística hizo del fallo del juez Ricardo Pettis. La AFA, por su parte, había adelantado que la asamblea se realizaría de todas formas, basándose en la decisión del magistrado, quien sostuvo que no había prohibiciones legales para llevarla a cabo.
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El conflicto no solo radica en los plazos establecidos para la reelección, sino en la firme oposición de Tapia a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), una iniciativa promovida por el gobierno de Javier Milei, que busca facilitar el ingreso de capitales privados en los clubes. deportivos. De avanzar con la asamblea sin la autorización de la IGJ, tanto Tapia como los directivos de la AFA podrían enfrentar cargos penales por desobediencia a la autoridad pública, según el Código Penal argentino.
La decisión de la IGJ podría llevar a un largo proceso judicial, con posibles apelaciones ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Buenos Aires. En un escenario extremo, el Gobierno podría incluso intervenir la AFA, aunque fuentes cercanas aseguran que esa opción no es la más probable, pero permanece latente.
El presidente de la AFA se enfrenta a un dilema de consecuencias imprevisibles: acatar la decisión de la IGJ o avanzar en un desafío que podría derivar en sanciones judiciales y complicaciones institucionales para la entidad que regula el fútbol argentino.
