
La propuesta eleva penas, amplía delitos imprescriptibles y limita reducciones de condena para reforzar el cumplimiento efectivo.

La central sindical logró que el Gobierno de Javier Milei atenúe el artículo que penaliza los bloqueos y deje sin apoyo el proyecto de Democracia Sindical. Un duro golpe para el empresariado.
Política 01/10/2024
SOFIA ZANOTTI

La CGT se retiró de la Casa Rosada con más de lo que imaginaba tras la reunión con tres funcionarios clave del gobierno de Javier Milei: el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el secretario de Trabajo Julio Cordero y el asesor presidencial Santiago Caputo. En el encuentro, el Gobierno accedió a atenuar la aplicación del artículo de la reforma laboral que penaliza los bloqueos sindicales, anunciando la formación de una comisión tripartita que revisará los casos antes de calificarlos como injuria laboral.

Este cambio representa una importante concesión para la CGT, que desde hace meses reclamaba que las nuevas disposiciones laborales no afecten la forma de protesta sindical, como los bloqueos. Además, los funcionarios confirmaron que el Ejecutivo no apoyará el llamado "proyecto Tetaz", una iniciativa promovida por la UCR y el PRO que busca imponer límites y controles más estrictos a los sindicatos.
El líder de la UOCRA, Gerardo Martínez, celebró el resultado de las negociaciones. "Nosotros apostamos al diálogo y tenemos argumentos para defender nuestras posiciones", afirmó Martínez, destacando el compromiso del Gobierno de institucionalizar las discusiones laborales, no solo con el sindicalismo, sino también con el sector empresario.

Pese a la atmósfera de entendimiento, algunos conflictos persisten. Durante el encuentro también se abordaron temas salariales de la UTA y la situación de Aerolíneas Argentinas, pero sin demasiadas precisiones. No obstante, la CGT espera que estas conversaciones puedan abrir vías para evitar el paro de transporte programado para el 17 de octubre.
En el ámbito empresarial, la noticia de la flexibilización del artículo anti-bloqueos provocó el rechazo del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), cuyo titular, Juan Méndez, criticó la decisión gubernamental de ceder ante las presiones sindicales. "Es torpe creer que una mala práctica gremial se resolverá con la participación de los propios sindicalistas en la reglamentación de la ley", señaló Méndez.

El resultado de esta reunión marca una tregua entre el Gobierno y la CGT, aunque deja una incógnita sobre el futuro del equilibrio entre los intereses sindicales y empresariales.

La propuesta eleva penas, amplía delitos imprescriptibles y limita reducciones de condena para reforzar el cumplimiento efectivo.

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