SOFIA ZANOTTIEl Gobierno nacional reiteró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un pedido para que Milagro Sala cumpla su condena en una cárcel y no bajo el régimen de prisión domiciliaria, beneficio del que goza desde 2017.
Según se informó oficialmente, la Subsecretaría de Derechos Humanos argumentó que la exdirigente de la organización Tupac Amaru incumplió las condiciones impuestas por la Justicia, al cambiar de domicilio sin autorización judicial, lo que activó el sistema de monitoreo y motivó nuevas medidas de control.
En el comunicado difundido, el Gobierno cuestionó la postura de Sala, quien calificó las decisiones judiciales como “hostigamiento”, y sostuvo que busca “invertir la carga de los hechos y construir un relato para sostener un privilegio”.
Además, el texto remarcó que la Argentina “cumple con sus obligaciones internacionales” y calificó la medida cautelar otorgada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un beneficio que mantiene a una persona condenada en su domicilio, pese a haber recibido una sentencia por delitos como asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas.
Por último, desde el área de Derechos Humanos se reafirmó la postura del gobierno de Javier Milei respecto al fin de los privilegios para personas con condenas firmes, y se subrayó que los derechos humanos “no deben ser utilizados para garantizar impunidad”.
