Franco Casco, un caso de violencia institucional y odio racial

El martes 18 de julio se conocerá finalmente el veredicto en la causa por tortura y desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco. Son 19 los imputados, de los cuales uno quedó sobreseído y catorce tienen pedido de prisión perpetua. Para otros cuatro, la querella solicitó penas menores por ser considerados partícipes secundarios de los hechos. En la jornada de este martes, los imputados, quienes sostienen que Franco se ahogó en el río sin participación de terceros, tendrán también la posibilidad de manifestar unas últimas palabras al tribunal.

Franco Casco viajó a Rosario desde Florencio Varela, ubicada al sur del Gran Buenos Aires, para visitar a unos familiares en 2014. Fue visto por última vez el 6 de octubre cuando iba a tomar el tren de regreso a su ciudad. Tras operativos de rastreo, testimonios que indicaban haberlo visto y otras acciones, que luego fueron entendidas por parte de la querella como evasivas, el 30 de octubre, a la vera del río Paraná, apareció el cuerpo de un joven con importantes signos de deterioro. Las crónicas periodísticas de esa jornada hablan de un rostro comido por los peces. Era el del joven de 23 años, que se quedó para siempre en Rosario.

Guillermo Campana, abogado querellante, y Eugenia Cozzi, investigadora del Conicet y testigo en el caso para aportar el marco sociológico en el que se da la desaparición de Franco Casco, hablaron con Rosarioplus.com para referir qué pasó en estos diez años de lucha y reclamo de justicia. Los dos apuntan a la posibilidad de expresión de los jóvenes de barrios marginales, el mea culpa del Estado y un nuevo ciclo del activismo organizado contra la violencia institucional.

Para el abogado Guillermo Campana el proceso penal llevado adelante a lo largo de estos años casi diez años expuso ante la opinión pública lo que sucedía en los barrios populares de la ciudad, algo que las organizaciones de derechos humanos venían denunciado. Pero además, llevó a modificaciones concretas en relación a los procedimientos de la policía y de la justicia.

“Fue emblemático en el sentido de que se pudo denunciar y hacer público lo que sucedía en ese momento con la policía de la provincia de Santa Fe en relación a los jóvenes de los sectores populares. Pudieron manifestar que eran permanentemente detenidos sin razones, maltratados, hostigados por el personal policial. Además, quedó evidenciado que pasaban por las comisarías sin ser registrados y luego eran amenazados para que no realizaran denuncias”, detalló Campana. Todo esto sucedía de manera habitual en los barrios de la ciudad de Rosario, por lo que afirma que “lo de Franco fue un corolario de todo eso e implicó un hecho dramático con un final letal”.

La investigadora, abogada y antropóloga Eugenia Cozzi coincide en este planteo. “Por primera vez, jóvenes de sectores populares, que suelen pisar tribunales únicamente como imputados, se pudieron sentar como testigos y víctimas de lo que sufren cotidianamente y contárselo a los jueces. El Estado pudo escucharlos como víctimas y no como sospechosos”. Muchos de los jóvenes que estaban detenidos esa noche en la Comisaría 7ma de la ciudad, donde lo detienen a Franco Casco de manera irregular, pudieron narrar qué sucedió, pero además dejar en claro que las torturas, las vejaciones, el maltrato de absorción eran prácticas habituales de esa comisaría y de la policía de la provincia en general.