Lázaro Báez, otra vez investigado: la trama millonaria que apunta a Ezeiza

El empresario Lázaro Báez enfrenta una nueva investigación judicial luego de que la Fiscalía Federal de Río Gallegos lo imputara por presuntamente encabezar una organización que administraba y explotaba bienes alcanzados por medidas judiciales, mientras permanece detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

La acusación se formalizó el jueves 12 de noviembre ante el juez federal de Garantías Claudio Marcelo Vázquez, en dos audiencias correspondientes a expedientes vinculados. Los fiscales investigan movimientos financieros estimados en 390.880.000 pesos.

La presentación estuvo a cargo del fiscal federal Julio Zárate, de la Unidad Fiscal Río Gallegos, junto con el auxiliar fiscal Jorge Rodríguez Ponte, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Cómo habría funcionado la organización

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, Báez impartía instrucciones telefónicas desde su lugar de detención para mantener la actividad comercial de propiedades, establecimientos rurales y otros activos sujetos a embargos, decomisos o controles judiciales.

Los investigadores sostienen que el empresario contaba con colaboradores de confianza que ejecutaban sus indicaciones, administraban alquileres, realizaban operaciones comerciales y gestionaban movimientos de dinero.

Entre los bienes mencionados aparecen las estancias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike, además de inmuebles en Río Gallegos y El Calafate, y activos relacionados con las empresas Austral Agro y Kank y Costilla.

La Fiscalía considera que estas operaciones podrían constituir lavado de activos agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación.

Las escuchas y la conexión con otra investigación

Uno de los elementos utilizados por los investigadores son las intervenciones telefónicas que, según la acusación, permitirían reconstruir instrucciones impartidas por Báez para administrar su patrimonio.

En ese contexto aparece Cristian Sebastián Ibáñez, señalado como presunto operador territorial del empresario y también investigado por su posible participación en una organización vinculada con el tráfico de cocaína en Santa Cruz.

La investigación sobre narcotráfico apunta a una estructura que habría utilizado camiones para trasladar estupefacientes y mecanismos financieros para incorporar ganancias ilegales al circuito económico.

La vinculación entre ambos expedientes forma parte de la hipótesis fiscal y no implica que se haya acreditado la responsabilidad de todos los acusados en los mismos delitos.

Qué resolvió la Justicia

Durante las audiencias se formalizaron imputaciones contra 16 personas en dos investigaciones conexas. El juez Vázquez convirtió 12 detenciones en prisiones preventivas y estableció otras cuatro medidas de coerción.

Además, autorizó embargos preventivos sobre vehículos secuestrados, amplió el levantamiento del secreto bancario y financiero y fijó un plazo máximo de dos años para las investigaciones.

Báez cumple actualmente una condena unificada de 15 años de prisión por las causas Vialidad y Ruta del Dinero K.

Desde su entorno señalaron, según publicó Infobae, que la actividad de determinados bienes se encontraba facturada y que existían administradores designados a pedido de la Justicia. Esa versión deberá ser examinada en el expediente.

La nueva imputación no constituye una condena. La investigación continuará con el análisis de documentación, comunicaciones y movimientos bancarios para determinar si existieron maniobras destinadas a eludir las disposiciones judiciales.