Lorena acosta
El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió este martes la derogación de la Ley de Tierras Rurales y aseguró que la eliminación de las restricciones para la adquisición de campos por parte de extranjeros "no afecta la soberanía territorial".
Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario argumentó que los inmuebles adquiridos por personas o empresas extranjeras continúan dentro del territorio argentino y sometidos a la legislación, los impuestos y la jurisdicción nacional.
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Ese régimen fue derogado mediante el artículo 154 del DNU 70/2023 impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
Ravier explicó que la decisión forma parte de la política oficial destinada a atraer inversiones de largo plazo. Según señaló, el Ejecutivo considera necesario incorporar capital para proyectos vinculados con sistemas de riego, infraestructura, forestación, tecnología y nuevos desarrollos agropecuarios.
El vocero también aclaró que la derogación no modifica el régimen específico correspondiente a las zonas de seguridad de fronteras, donde continúan existiendo controles sobre la adquisición y tenencia de inmuebles.
El debate tomó nuevamente relevancia después de una resolución de la Corte Suprema relacionada con el artículo 154 del DNU.
El máximo tribunal revocó una decisión de la Cámara Federal de La Plata que había frenado la derogación de la Ley de Tierras. Sin embargo, la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo de la medida, sino que consideró que la organización que había iniciado la demanda carecía de legitimación para promover esa acción.
Por otro lado, los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron un nuevo planteo judicial para intentar suspender los efectos del artículo 154 mientras el Congreso discute el futuro del DNU 70/2023.
Los legisladores sostienen que debe evitarse que eventuales adquisiciones realizadas durante este período queden consolidadas como derechos adquiridos si posteriormente cambia el marco normativo.
La Justicia rechazó otorgar de manera inmediata la medida interina solicitada al considerar que no estaban acreditadas circunstancias graves e impostergables que justificaran esa decisión. El expediente, no obstante, continúa su trámite.
Además, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, instruyó a la Fiscalía de Estado provincial para iniciar acciones judiciales destinadas a resguardar los intereses de esa provincia ante el nuevo escenario.
En este marco, la discusión continuará tanto en los tribunales como en el Congreso. Mientras el Gobierno sostiene que la eliminación de las restricciones puede facilitar inversiones productivas, sectores opositores plantean la necesidad de mantener límites sobre la adquisición extranjera de tierras rurales y proteger áreas y recursos considerados estratégicos.
