Felipe Aguilera
La Justicia Federal de Venado Tuerto dispuso 60 días de prisión preventiva para Manuel Martín P. R., de 47 años, acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La medida fue ordenada por el juez federal de Garantías Aurelio A. Cuello Murúa durante una audiencia realizada el 28 de agosto.
El expediente se encuentra todavía en etapa de investigación y también incluye una línea vinculada con una eventual connivencia de integrantes de fuerzas de seguridad con personas investigadas por narcotráfico en el departamento General López.
La causa contra Manuel P. R. avanzó luego de un allanamiento realizado el 25 de agosto en un inmueble de la zona rural de Villa Divisa de Mayo, jurisdicción de Chovet, donde residía el acusado.
Personal de la Unidad de Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional Venado Tuerto intervino en el operativo. Según detalló la Fiscalía durante la audiencia, fueron secuestrados 93 gramos de cocaína distribuidos en diferentes lugares del establecimiento.
Parte del material fue encontrado en un Volkswagen Caddy y otra cantidad en un automóvil Chery. También se localizaron envoltorios y recipientes en otros sectores del inmueble.
El fiscal federal Federico Reynares Solari sostuvo que la distribución de la sustancia, junto con dinero y otros elementos incorporados al expediente, permiten investigar la hipótesis de que la cocaína estaba destinada a su comercialización. Esa finalidad constituye, por el momento, una hipótesis de la acusación y deberá ser acreditada durante el proceso.
La fiscal federal subrogante Daniela Ghiorzi explicó, además, que la investigación se inició a partir de una denuncia recibida bajo reserva de identidad. Según la Fiscalía, las medidas posteriores permitieron detectar movimientos vinculados con Melincué, Firmat, Hughes, Carreras y otros puntos del departamento General López.
Los investigadores consideran como versión no confirmada que podría haber existido una organización con diferentes personas encargadas de la distribución y comercialización de estupefacientes. Dentro de esa hipótesis, Manuel P. R. habría utilizado teléfonos y vehículos para realizar distintos movimientos.
Otro de los aspectos bajo investigación son los posibles vínculos con miembros de fuerzas de seguridad. La Fiscalía mencionó intervenciones telefónicas, audios y dispositivos electrónicos que están siendo analizados para establecer si existió algún tipo de protección o colaboración policial.
Hasta el momento, esa eventual connivencia tampoco se encuentra judicialmente probada.
Por otro lado, la información disponible no detalla los argumentos presentados por la defensa de Manuel P. R. durante la audiencia, por lo que no se conoce públicamente su respuesta específica frente a las hipótesis expuestas por la Fiscalía.
El acusado cumplía previamente una condena bajo prisión domiciliaria. Tras el nuevo procedimiento, esa modalidad fue revocada.
Cuello Murúa formalizó finalmente la investigación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y ordenó el traslado del acusado al Servicio Penitenciario Federal. La investigación continuará ahora con el análisis de las comunicaciones, dispositivos y demás evidencia reunida para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.
