La expresidenta Cristina Kirchner presentó un recurso de queja para intentar frenar el avance de la ejecución patrimonial sobre sus bienes en el marco de la causa Vialidad. Una presentación similar fue realizada por Lázaro Báez, también condenado en el expediente.
Los planteos se conocieron luego de que la Corte Suprema dejara firme la actualización del monto del decomiso, que asciende a $684.990.350.139,86 para el conjunto de los condenados.
El máximo tribunal rechazó los planteos de nulidad presentados por las defensas y confirmó la actualización del monto, calculada a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
La causa investigó irregularidades en la adjudicación de 51 licitaciones de obra vial en la provincia de Santa Cruz. El monto original del decomiso había sido fijado en aproximadamente $84.835 millones y posteriormente fue actualizado.
Con la cifra ya definida, el proceso se encuentra en la etapa de ejecución patrimonial. Esto podría incluir el remate, venta o cesión de propiedades identificadas judicialmente para cubrir el monto establecido.
La estrategia judicial de Cristina Kirchner también apunta a evitar que el decomiso alcance bienes vinculados a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Su abogado, Carlos Beraldi, sostuvo que no existen pruebas que permitan establecer que esos bienes sean producto o beneficio del delito investigado.
Entre las propiedades que podrían quedar alcanzadas por la medida se encuentran inmuebles y participaciones vinculadas a la familia Kirchner. El alcance definitivo de la ejecución dependerá de las decisiones que adopte la Justicia durante esta etapa.
Las nuevas presentaciones deberán ser analizadas por la Corte Suprema. Sin embargo, los recursos de queja no tienen efecto suspensivo, por lo que la ejecución patrimonial podría continuar mientras el máximo tribunal estudia los planteos.
