SOFIA ZANOTTILa Libertad Avanza intensificó las negociaciones en el Senado para suspender la sesión prevista para este jueves y evitar que avance el pedido de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La estrategia es impulsada por la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien busca alcanzar acuerdos con sectores dialoguistas para aplazar el debate.
Según trascendió en ámbitos parlamentarios, la intención del oficialismo es posponer por una semana la sesión que incluía el tratamiento de siete pliegos judiciales y el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada. Mientras tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel encabezaba una reunión de Labor Parlamentaria para analizar el temario y definir la fecha en la que Adorni presentará su informe de gestión ante la Cámara Alta.
El caso del jefe de Gabinete generó fuertes tensiones dentro y fuera del oficialismo luego de que admitiera haber omitido bienes en declaraciones juradas anteriores, documentación que posteriormente fue rectificada. La situación provocó cuestionamientos de distintos bloques opositores y también de sectores aliados, que consideran necesario un pronunciamiento político del Gobierno.
Desde el peronismo impulsan una interpelación y una eventual moción de censura contra el funcionario. Sin embargo, para avanzar con el tratamiento sobre tablas necesitan reunir una mayoría especial que hoy no está garantizada. Por ese motivo, las negociaciones con bloques provinciales, radicales y dialoguistas resultan decisivas para el futuro parlamentario del funcionario.
En paralelo, persiste un debate jurídico sobre la aplicación de la moción de censura prevista en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Aunque el mecanismo fue incorporado con la reforma constitucional de 1994, nunca fue utilizado para destituir a un jefe de Gabinete y tampoco cuenta con una ley reglamentaria específica.
La definición sobre la continuidad de Adorni y el rumbo de la sesión podría conocerse en las próximas horas, en medio de una creciente presión política que mantiene paralizada parte de la agenda legislativa del Senado.
