La reglamentación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional abrió una nueva discusión en torno al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que modificará el esquema de indemnizaciones por despido a partir de noviembre.
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT), el abogado laboralista Gustavo Ciampa manifestó fuertes críticas al sistema y sostuvo que parte de los recursos destinados actualmente a jubilaciones y pensiones serían utilizados para financiar indemnizaciones laborales. Según indicó, esta situación podría generar cuestionamientos legales y afectar el funcionamiento del sistema previsional.
De acuerdo con la normativa, las empresas deberán realizar aportes a fondos administrados por entidades financieras registradas ante la Comisión Nacional de Valores. Estos recursos serán gestionados mediante fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros y otros instrumentos similares.
Ciampa también cuestionó que el nuevo esquema reduzca el efecto disuasivo que tienen actualmente las indemnizaciones frente a los despidos sin causa. Además, señaló que el procedimiento de pago podría extender los plazos respecto del sistema vigente, ya que los fondos administradores contarán con un período adicional para efectuar las transferencias correspondientes.
Por otro lado, el representante de la CGT rechazó los argumentos vinculados a una supuesta “industria del juicio” laboral y afirmó que los conflictos judiciales en esta materia representan una proporción reducida dentro del sistema judicial argentino. También sostuvo que la generación de empleo depende principalmente de la actividad económica y no de una reducción de derechos laborales.
Entre las observaciones realizadas, Ciampa cuestionó además aspectos relacionados con las jornadas laborales, el banco de horas y la figura del trabajador independiente con colaboradores, al considerar que algunas disposiciones podrían derivar en nuevas controversias judiciales.
Según explicó, los primeros pagos bajo este nuevo sistema podrían comenzar a concretarse recién durante 2027, una vez completada la puesta en marcha del mecanismo previsto por la reglamentación.
