SOFIA ZANOTTIEl Gobierno de Santa Fe llevó adelante este jueves la demolición de dos nuevos búnkeres utilizados para la comercialización de estupefacientes en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Los operativos fueron supervisados por autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad, fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y representantes de la Policía Federal Argentina.
Las intervenciones se concretaron en inmuebles ubicados sobre calle Santiago del Estero al 200 y en la intersección de Pueyrredón y Camino Monteflores. Con estos procedimientos, la ciudad suma seis puestos de venta de drogas derribados, mientras que el departamento Rosario alcanza los 80.
Desde la implementación de la Ley de Microtráfico, sancionada en diciembre de 2023, ya se realizaron 122 inactivaciones de búnkeres en distintos puntos de la provincia. La estrategia forma parte de un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el MPA, la Justicia santafesina, fuerzas de seguridad provinciales y federales, además de gobiernos locales.
Durante la actividad, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, destacó la importancia de las investigaciones previas para identificar los puntos de venta de drogas y avanzar con los procedimientos. Según indicó, la articulación entre fiscales y fuerzas de seguridad permite llegar con mayor eficacia a estos lugares.
Por su parte, la fiscal Brenda Debiasi explicó que la investigación comenzó hace aproximadamente 45 días a partir de denuncias realizadas por vecinos de la zona. Las tareas permitieron detectar maniobras vinculadas al narcomenudeo, identificar a los involucrados y localizar los inmuebles utilizados para la comercialización de estupefacientes.
Como resultado de la investigación se realizaron alrededor de diez allanamientos simultáneos en Villa Gobernador Gálvez. Durante los operativos se secuestró droga fraccionada para la venta y fueron detenidas dos personas: un mayor de edad y un menor que cumplía funciones de vigilancia, conocido en el ambiente delictivo como "soldadito".
Respecto al inmueble demolido, la fiscal señaló que no existían denuncias de usurpación ni reclamos sobre la propiedad y que el lugar no era utilizado como vivienda. En ese sentido, sostuvo que el derribo fue considerado la medida más efectiva para poner fin a la actividad ilícita que se desarrollaba en el lugar.
