Angelina Antonioli VidalFamiliares y organizaciones reclamaron en Diputados la implementación de la ley mientras el Ejecutivo busca frenar su aplicación en la Corte Suprema.
El conflicto por la ley de Emergencia en Discapacidad volvió a escalar en el ámbito político y judicial. El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para intentar frenar la aplicación de la norma, mientras crecen las críticas de organizaciones, familiares y referentes del sector.
La presentación fue realizada por la Procuraduría del Tesoro, que argumentó que el fallo judicial que dejó sin efecto la suspensión de la ley genera “gravedad institucional” y compromete las finanzas públicas. Según el escrito oficial, la aplicación de la norma implicaría importantes erogaciones presupuestarias sin una fuente de financiamiento definida.
La disputa comenzó luego de que el Congreso aprobara la ley en 2025 y el Ejecutivo intentara suspenderla mediante el decreto 681/2025. Sin embargo, el juez Adrián González Charvay declaró inválida esa medida y sostuvo que el Gobierno avanzó sobre facultades del Poder Legislativo.
En paralelo, la Comisión de Discapacidad de Diputados recibió a familiares y organizaciones que denunciaron una fuerte crisis en el sistema de prestaciones. Durante el encuentro se reclamó la implementación plena de la Emergencia y se cuestionó el nuevo proyecto impulsado por el Ejecutivo.
Uno de los discursos más duros fue el del diputado Juan Marino, quien advirtió sobre el cierre de centros de día, interrupciones de tratamientos y demoras en pensiones. También participaron referentes como la actriz Lola Berthet y el influencer Ian Moche, quien denunció hostigamientos en redes sociales.
Mientras tanto, en el Senado ingresó el proyecto denominado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, que propone modificar aspectos centrales de la ley de Emergencia. Entre otros puntos, impulsa nuevas auditorías, reempadronamientos obligatorios y cambios en el régimen de pensiones no contributivas.
La iniciativa también plantea volver al esquema de incompatibilidad entre pensión y empleo formal, una de las medidas más cuestionadas por organizaciones del sector, que consideran que representa un retroceso en materia de inclusión laboral y derechos.
