SOFIA ZANOTTIEl Gobierno de la provincia de Santa Fe emitió una alerta preventiva dirigida a toda la comunidad educativa luego de que en los últimos días se registraran carteles, pintadas y mensajes en redes sociales con amenazas de tiroteos en distintos establecimientos escolares.
A través del Ministerio de Educación, se solicitó a equipos directivos, docentes y centros de estudiantes trabajar esta problemática dentro de las aulas y reforzar los acuerdos de convivencia escolar, incorporando estas conductas como faltas gravísimas.
Además, la cartera educativa pidió fortalecer el diálogo en los hogares y advirtió sobre las consecuencias legales que pueden derivarse de este tipo de acciones. El documento oficial, elaborado junto al Ministerio de Justicia y Seguridad, remarca que estas amenazas no deben interpretarse como bromas o desafíos propios del ámbito escolar.
“Estas acciones no constituyen una broma ni una simple transgresión escolar, sino un delito grave que vulnera el derecho a la educación y altera profundamente la paz social”, señalaron desde el Gobierno provincial.
En ese sentido, se recordó que realizar pintadas, difundir mensajes en redes sociales o generar falsas alarmas vinculadas a ataques armados en escuelas configura el delito de intimidación pública, contemplado en el artículo 211 del Código Penal. Este delito prevé penas de prisión y puede derivar en actuaciones dentro del fuero penal juvenil cuando los responsables son menores de edad.
Las autoridades también advirtieron que las redes sociales pueden amplificar estas conductas y generar una falsa sensación de anonimato o impunidad, cuando en realidad los responsables pueden ser identificados con rapidez.
Investigación y rastreo digital
En paralelo, desde la Provincia destacaron el trabajo del Ministerio Público de la Acusación, que utiliza herramientas tecnológicas como análisis de redes sociales, peritajes informáticos y rastreo de direcciones IP para avanzar en la identificación de los autores.
Estas investigaciones pueden derivar en allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos e incluso detenciones, según la gravedad de los casos.
Costos para el Estado
Otro aspecto señalado en la advertencia oficial es el impacto económico que generan estas amenazas. Cada episodio activa protocolos de seguridad que implican la movilización de fuerzas policiales, brigadas especiales, servicios médicos y operativos de tránsito, además de la suspensión de actividades escolares.
En ese marco, el Ministerio de Educación recordó que la legislación vigente establece que los padres o representantes legales son responsables por los daños ocasionados por sus hijos menores. Por ese motivo, la Provincia puede reclamar judicialmente el reintegro de los gastos operativos generados por estas falsas alarmas.
Finalmente, el Gobierno provincial pidió a las familias acompañar el trabajo educativo desde el hogar y promover instancias de diálogo con niños y adolescentes sobre las consecuencias reales de este tipo de conductas.
