LORENA ACOSTA
La medida se tomó en el marco de una suspensión de juicio a prueba. Los acusados entregaron electrocardiógrafos, desfibriladores y balanzas pediátricas a centros municipales.
La Justicia federal homologó un acuerdo por el cual los administradores de una financiera que operaba sin autorización en Venado Tuerto deberán entregar equipamiento médico valuado en 30 millones de pesos a centros de salud municipales.
La investigación estuvo a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto y determinó que en un domicilio de la ciudad se realizaban operaciones de compraventa de divisas sin habilitación del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El acuerdo se dio en el marco de una suspensión del proceso a prueba por el plazo de dos años, homologada por el juez federal de garantías Aurelio Cuello Murúa. Durante ese tiempo, los imputados deberán abstenerse de ofrecer servicios de compraventa de moneda extranjera y préstamos personales.
El legajo se inició en junio de 2024 por impulso del fiscal federal Javier Arzubi Calvo, tras un robo ocurrido en una vivienda de calle Cabral 4. En ese hecho, delincuentes sustrajeron aproximadamente 3,5 millones de pesos, 3.500 dólares y teléfonos celulares.
A partir de allí, se ordenaron allanamientos y consultas al BCRA que permitieron confirmar que en el inmueble se desarrollaban maniobras de intermediación financiera no autorizada. En el lugar se secuestraron máquinas contadoras de dinero, computadoras, celulares y documentación vinculada a la actividad.
La investigación fue formalizada en junio de 2025 por el fiscal Federico Reynares Solari y la fiscal coadyuvante Daniela Ghiorzi.
Finalmente, en enero de este año se alcanzó un acuerdo que fue homologado en audiencia el 15 de enero. Como parte de la reparación, cada imputado aportó equipamiento médico por 15 millones de pesos, totalizando 30 millones destinados al área de salud municipal.
Entre los elementos entregados se encuentran equipos de electrocardiograma, desfibriladores y balanzas pediátricas, que ya fueron distribuidos en centros de atención primaria de la ciudad. Según se indicó en la resolución, el monto de la donación equivale al perjuicio ocasionado al sistema económico y financiero.
