SOFIA ZANOTTIEl conflicto que protagonizó la Policía de Santa Fe durante los últimos días alteró el escenario político provincial y obligó al Gobierno de Maximiliano Pullaro a redefinir su estrategia en medio de la crisis.
Las movilizaciones frente a la sede policial en Rosario y en la ciudad de Santa Fe, junto con el repliegue de móviles y el acompañamiento de familiares y retirados, configuraron uno de los episodios más delicados desde el inicio de la actual gestión.
En un primer momento, la respuesta oficial estuvo marcada por advertencias disciplinarias y pases a disponibilidad. Sin embargo, el reclamo salarial ganó volumen y respaldo interno, lo que obligó a la Casa Gris a modificar el rumbo. Finalmente, el Ejecutivo firmó decretos de recomposición salarial para el personal policial y penitenciario, dejando sin efecto sanciones y redefiniendo parte del esquema de ingresos.
En medio del conflicto, el Gobierno avanzó con la remoción del jefe de la Unidad Regional II, Guillermo Solari, quien había asumido apenas tres meses antes. Su salida fue interpretada como la primera consecuencia directa del estallido.
El reemplazo recayó en Danilo Villan, un director general retirado con experiencia previa en la conducción de Rosario. Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que se trató de una rotación habitual, aunque el contexto le dio una lectura política inevitable.
Si bien los decretos permitieron desactivar la protesta y normalizar el servicio, dentro de la fuerza persiste cierta disconformidad. Sectores policiales sostienen que parte de la recomposición se apoya en sumas no remunerativas y adicionales que no impactan plenamente en el salario básico.
En este marco, advierten que el ingreso real podría volver a verse erosionado por la inflación en pocos meses, reeditando un escenario similar al que detonó el conflicto.
Más allá del salario, la crisis dejó al descubierto un problema estructural: el acceso a la vivienda. Casos recientes de efectivos que no alcanzan el piso de ingresos exigido para calificar en planes habitacionales provinciales encendieron una señal de alarma dentro de la fuerza.
La paradoja es evidente: trabajadores estatales con años de servicio que no logran reunir las condiciones económicas para acceder a una vivienda social del propio Estado que los emplea. El dato profundizó el malestar y amplió el debate sobre condiciones laborales y proyección de futuro.
Aunque la protesta fue levantada y el servicio se normalizó, el conflicto dejó una marca institucional. La movilización mostró capacidad de organización y expansión territorial, algo poco habitual en la historia reciente de la fuerza.
Para el Gobierno provincial, el desafío ahora será evitar que el malestar resurja bajo nuevas formas. Para muchos efectivos, en tanto, la recomposición lograda fue un paso, pero no una solución estructural.
La crisis fue contenida. La tensión, según coinciden distintas voces, continúa latente.
