SOFIA ZANOTTIEn las últimas horas se registraron contactos directos entre funcionarios nacionales y provinciales, además de reuniones reservadas en áreas vinculadas a seguridad y política. El monitoreo es constante y el foco está puesto en evitar un escenario que comprometa la estabilidad institucional.
En el Ejecutivo nacional admiten que el mayor riesgo es el llamado “efecto espejo”. El conflicto podría replicarse en otras provincias donde también existen reclamos salariales, sobrecarga operativa y malestar acumulado dentro de las fuerzas de seguridad.
La inquietud no se limita a las policías provinciales. En ámbitos reservados también se analiza el impacto que esta situación podría generar en fuerzas federales, en un contexto económico y social sensible.
“El problema no es sólo Santa Fe; el problema es lo que habilita”, confió una fuente con acceso a las mesas de decisión.
Aunque públicamente se evita hablar de medidas concretas, puertas adentro ya se evalúan alternativas institucionales previstas por la Constitución para garantizar el funcionamiento de servicios esenciales y preservar el orden público.
Según trascendió, se elaboran informes permanentes sobre el nivel de adhesión interna al reclamo, la evolución territorial del conflicto y el estado de la cadena de mando. Desde el Gobierno nacional aseguran que existen herramientas preparadas, aunque insisten en que nadie desea aplicarlas.
En el análisis interno del poder central se considera que el conflicto escaló por una lectura tardía del reclamo y por una respuesta política que no logró contener la situación. También aparecen críticas hacia la conducción provincial por la estrategia adoptada frente a la protesta.
Mientras tanto, la resolución del conflicto en las próximas horas será clave. La Nación observa, aguarda y define posibles pasos. La normalización institucional en Santa Fe ya no es sólo una cuestión local: pasó a convertirse en un tema de interés nacional.
