Fuerte rechazo en Santa Fe a la reglamentación de la emergencia en discapacidad

La reciente reglamentación de la ley de emergencia en discapacidad por parte del Gobierno nacional generó un fuerte rechazo en Santa Fe. Especialistas y referentes del sector advirtieron que el decreto desvirtúa el espíritu de la norma al dejar afuera los artículos más sensibles, aquellos vinculados al financiamiento, el acceso a la salud y la actualización de prestaciones.

En ese marco, la abogada Mariela Peña, especialista en derechos de las personas con discapacidad, expresó su preocupación por el alcance de la reglamentación. Según explicó, existían expectativas de que el decreto respetara lo ordenado por la Justicia y el trabajo realizado durante el debate legislativo.

“Uno esperaba la reglamentación confiando en lo que había indicado el juez y en lo que se había trabajado arduamente en la ley, y lamentablemente esto no es así”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que quedaron sin reglamentar los artículos vinculados al financiamiento y al acceso al programa de salud, considerados pilares centrales de la emergencia.

Para Peña, la omisión no es casual. “Es otra medida más del Gobierno nacional para dilatar la discusión de fondo: cómo crear una verdadera política pública que dé respuestas a las personas con discapacidad”, afirmó. Además, cuestionó que el Ejecutivo haya avanzado solo sobre aspectos parciales del articulado.

En relación con el sistema de pensiones, la abogada reconoció un punto positivo del decreto: la diferenciación entre pensiones por invalidez y pensiones para personas con discapacidad. “No toda persona con discapacidad es inválida ni toda persona inválida es una persona con discapacidad; son conceptos jurídicos distintos”, explicó. De este modo, el sistema pasará a contemplar pensiones por invalidez, por vejez y pensiones de protección social para personas con discapacidad.

Sin embargo, advirtió que el problema de fondo persiste. “No se reglamenta cuál va a ser la fuente de financiamiento de esas pensiones, cómo se va a reorganizar el sistema ni se superan los requisitos de acceso que planteaba la ley”, enumeró. Justamente, el artículo que debía establecer esas condiciones quedó sin reglamentar.

Peña también anticipó que el conflicto continuará en el ámbito judicial. En declaraciones radiales, indicó que los abogados que impulsaron el amparo están preparando nuevas presentaciones para demostrar que el decreto vuelve a dilatar la aplicación efectiva de la ley. Además, cuestionó que la puesta en vigencia quede supeditada a una reunión del Consejo Federal de Discapacidad dentro de 30 días.

Otro de los puntos críticos señalados es la falta de actualización de aranceles y prestaciones. La ley establecía una actualización automática por IPC y una compensación económica de emergencia para cubrir el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, período en el que no se actualizó el nomenclador. “Ese artículo tampoco se reglamenta”, remarcó.

En cambio, el decreto dispone que la compensación se pagará únicamente con el remanente que quede luego de descontar las deudas de los prestadores con el organismo recaudador. Para Peña, la medida es inviable, ya que muchas instituciones se encuentran endeudadas por la falta de pagos y actualizaciones, incluso recurriendo a actividades solidarias para poder sostenerse.

Finalmente, la abogada planteó una alternativa para destrabar el conflicto: otorgar planes de pago a las ONG y permitirles regularizar su situación. “El primero que incumplió fue el Estado Nacional”, concluyó, al tiempo que reiteró que no se advierte una voluntad concreta de resolver la situación de fondo que atraviesan las personas con discapacidad y quienes garantizan sus prestaciones.