SOFIA ZANOTTI
La Justicia federal avanza en una de las investigaciones por presunta corrupción financiera más resonantes de los últimos años, vinculada a maniobras millonarias con el dólar blue durante la gestión de Alberto Fernández. El foco está puesto en determinar si existieron responsabilidades internas dentro del Banco Central de la República Argentina.
La causa es instruida por el juez Sebastián Casanello junto al fiscal Franco Picardi, quienes ordenaron el secuestro de teléfonos celulares y computadoras pertenecientes a cinco funcionarios del organismo monetario. Se trata de Diego Volcic, Analía Jaime, Romina García, Fabián Violante y María Fernández, todos actualmente en funciones y bajo investigación administrativa.
La pesquisa tomó mayor impulso tras la aparición de audios comprometedores entre los financistas Elías Piccirillo y Francisco Hauque. En esas conversaciones, se mencionan ganancias ilegales por varios millones de dólares y se hace referencia directa a supuestas irregularidades toleradas desde los niveles más altos del Banco Central.
En uno de los registros, una inspectora del BCRA reconoce que durante la gestión anterior se habrían realizado denuncias internas que no prosperaron, aludiendo a la existencia de “gente de arriba entongada”. Este material es considerado clave para reconstruir la cadena de responsabilidades.
Según la investigación, el esquema consistía en acceder a dólares al tipo de cambio oficial mediante mecanismos fraudulentos para luego revenderlos en el mercado informal, obteniendo beneficios extraordinarios. Parte de esos fondos habría sido destinada a la compra de bienes de lujo, entre ellos vehículos de alta gama, relojes costosos y propiedades en zonas turísticas.
Además, se analiza una vivienda que Piccirillo habría obsequiado a Jésica Cirio pocos días antes de su casamiento. En paralelo, se investiga un intento de encubrimiento que incluiría el presunto armado de una causa contra Hauque, con la participación de un policía que luego se convirtió en arrepentido.
Mientras tanto, la jueza María Servini tramita desde 2023 una causa paralela por maniobras similares, y no se descarta que ambos expedientes formen parte de una misma organización delictiva.
El Banco Central, por su parte, inició un sumario interno para evaluar posibles violaciones al Código de Ética. La expectativa ahora está puesta en el análisis del contenido de los dispositivos secuestrados, que podría revelar el grado de involucramiento político detrás de las maniobras investigadas.
