SOFIA ZANOTTI
A pesar de una sentencia judicial que obliga al Poder Ejecutivo a implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad, desde la Casa Rosada aseguran que no cumplirán con la norma en los plazos establecidos. El argumento central del Gobierno es la falta de recursos económicos para afrontar su aplicación integral.
La resolución fue dictada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien ordenó al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad que, en un plazo de cinco días, informen y acrediten los avances realizados para cumplir con la ley, bajo apercibimiento de sanciones.
En este marco, el ministro de Salud, Mario Lugones, mantuvo una reunión de más de una hora en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Si bien no hubo declaraciones oficiales, fuentes cercanas al presidente admitieron que, en caso de verse obligados a acatar la orden judicial, lo harían “con las herramientas disponibles”, sin garantizar un cumplimiento pleno.
Puertas adentro, el oficialismo reconoce que evalúa una implementación parcial de los fallos judiciales, mientras insiste en que “no hay plata”. En paralelo, el Gobierno analiza enviar un nuevo proyecto de ley al Congreso para modificar la normativa vigente, que ya fue aprobada por el Parlamento y se encuentra en plena vigencia.
Cabe recordar que durante el debate del Presupuesto 2026, el Ejecutivo intentó derogar tanto la Ley de Emergencia en Discapacidad como la de Financiamiento Universitario. Sin embargo, la oposición logró excluir esos artículos y mantener ambas leyes.
La sentencia judicial advierte que, si el Ejecutivo no cumple con lo dispuesto en un plazo de dos semanas, podrían aplicarse sanciones económicas y medidas judiciales contra funcionarios, entre ellos Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Lejos de generar preocupación, en el entorno gubernamental minimizan el impacto de esas posibles sanciones. Mientras tanto, organizaciones que representan a personas con discapacidad alertan que miles de familias continúan percibiendo pensiones por debajo de los 300 mil pesos, lo que dificulta el acceso a tratamientos y a una vida digna.
Desde estos sectores anticipan que el presidente Javier Milei no respetará el fallo judicial. Por ahora, en Casa Rosada sostienen su postura y mantienen firme la decisión de no aplicar la ley en los términos exigidos por la Justicia.
