SOFIA ZANOTTI
La Federación del Personal de Vialidad Nacional encendió una fuerte señal de alarma sobre el estado de la infraestructura vial del país. Según datos del organismo, 30.000 de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales necesitan mantenimiento, con un 65 al 70% de los tramos en condiciones “entre regular y malas”. La situación compromete la seguridad vial y la transitabilidad en todo el territorio.
Fabián Catanzaro, secretario gremial de la entidad, expresó su “profunda preocupación” por el proceso de “parálisis y vaciamiento” que atraviesa Vialidad Nacional, consecuencia —según afirmó— de la política de “obra pública cero”. En diálogo con Splendid AM 990, señaló que, si bien se evitó la disolución del organismo, “el vaciamiento continúa”.
El dirigente sostuvo que esta emergencia afecta no solo a las rutas, sino también al personal, cuyos salarios permanecen congelados desde hace un año. Indicó que un protocolo disciplinario implementado recientemente redujo derechos laborales y favoreció la salida del 20% de los trabajadores, entre renuncias, jubilaciones y despidos. “Estamos perdiendo a los recursos más calificados”, advirtió.
Catanzaro también cuestionó la segunda etapa del sistema de concesiones, impulsado por el Gobierno, al considerar que “se vuelve a un negocio financiero” con condiciones que benefician a empresas adjudicatarias. Afirmó que, pese a presentarse como inversión privada, los proyectos reciben financiamiento del Banco BICE a una tasa preferencial del 2%, con dos años de gracia. “Prácticamente no hay riesgo empresarial”, dijo.
Como ejemplo, mencionó los corredores de la Ruta 14 y la Ruta 12, conocidos como la “ruta del Mercosur”, donde —según planteó— las compañías realizarán únicamente tareas mínimas como bacheo o un par de repavimentaciones en dos décadas. Esto, señaló, “no contribuirá a mejorar la infraestructura”.
La preocupación se extiende a autoridades provinciales y municipales. De acuerdo con Catanzaro, mantienen diálogo con gobernadores e intendentes que reclaman la reanudación de obras paralizadas y la garantía de transitabilidad. En varios puntos del país avanzan amparos judiciales exigiendo el cumplimiento de la ley que obliga al Estado a mantener la red vial.
Entre las rutas en situación más crítica, el gremio destacó la 151 en La Pampa; la Ruta 3 al sur de Bahía Blanca; la Ruta 23; la Ruta 9 y 34 en el NOA; y las rutas 7 y 8 fuera del área metropolitana.
Catanzaro concluyó que la falta de mantenimiento no solo deteriora la infraestructura, sino que generará costos muy superiores a futuro: “Si no se conserva a tiempo, rehabilitar después puede costar entre tres y cinco veces más”.
