LORENA ACOSTA
La Cámara de Diputados inició este miércoles una sesión clave para debatir el proyecto que modifica el régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una iniciativa impulsada por la oposición que ya cuenta con media sanción del Senado y que busca restringir la capacidad del Poder Ejecutivo de gobernar por decreto.
Tras lograr un quórum ajustado, los bloques opositores necesitan ahora alcanzar una mayoría absoluta de 129 votos para convertir la propuesta en ley. El temario incluye además pedidos de informes a funcionarios nacionales, aunque el eje de la discusión gira en torno a la reforma de la ley 26.122, sancionada en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner.
La normativa vigente, elaborada entonces por Cristina Fernández de Kirchner cuando era senadora, establece un sistema que dificulta la derogación de decretos presidenciales. El nuevo texto propone reducir la vigencia de los DNU a tres meses, período en el cual el oficialismo deberá lograr su convalidación en ambas cámaras. En caso contrario, los decretos caducarán automáticamente.
Otra modificación clave es que bastará el rechazo en una sola cámara del Congreso para dejar sin efecto un DNU, y además se prohibirá que un mismo decreto abarque más de una materia, práctica que se cuestionó con el polémico DNU 70/2023 del gobierno de Javier Milei.
El diputado Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) sostuvo que el objetivo “no es ir contra el Presidente Milei, sino fortalecer una democracia de consenso”. Según explicó, “la utilización desmedida de los DNU obliga a un debate serio sobre su alcance”.
Desde el oficialismo, Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) rechazó la iniciativa y advirtió que se trata de una maniobra para “desestabilizar al Gobierno”. El legislador santafesino aseguró que “la urgencia es una valoración política y no jurídica” y que “esta intención de consagrar la caducidad automática de los DNU va contra la Constitución Nacional”.
El debate promete extenderse durante varias horas y podría marcar un nuevo punto de tensión entre el Congreso y la Casa Rosada en torno al uso de herramientas excepcionales de gobierno.
