Escándalo en Tierra del Fuego: denuncias por pornografía infantil, choque y derroche millonario sacuden al Poder Judicial

Tierra del Fuego atraviesa una crisis institucional sin precedentes. En las últimas horas trascendieron tres denuncias que involucran directamente a miembros del Superior Tribunal de Justicia y al Gobierno provincial, desatando el repudio de la ciudadanía fueguina.

El caso más grave tiene como protagonista a un juez de alto rango que fue denunciado por presunta tenencia de pornografía infantil. La alerta fue emitida directamente por Google, que detectó el material ilícito en una cuenta vinculada al magistrado. La situación se complica aún más debido a la misteriosa desaparición de un correo electrónico que contenía pruebas clave, lo que genera sospechas de encubrimiento y entorpecimiento de la investigación.

Simultáneamente, otra jueza del mismo tribunal fue señalada por haber protagonizado un siniestro vial en el que habría chocado tres vehículos y luego huido del lugar. Según trascendió, no se habrían presentado denuncias formales en su contra, y se sospecha que podría jubilarse en las próximas semanas sin enfrentar consecuencias judiciales.

En paralelo, un tercer integrante del Superior Tribunal fue acusado de “cajonear” el llamado a elecciones constituyentes, un proceso clave para la vida institucional de la provincia. La dilación intencional de esta convocatoria habría tenido fines políticos, lo que incrementa las críticas hacia el funcionamiento del máximo órgano judicial.

Como telón de fondo de este clima de escándalo, se conoció que el Gobierno de Tierra del Fuego gastó $104 millones en la organización de la Fiesta Nacional del Invierno, un evento de una sola noche. La contratación se habría realizado por compra directa, sin licitación pública, y el dinero fue destinado a un proveedor privado, lo que generó duras críticas por la falta de transparencia y el uso de fondos públicos en medio de un contexto institucional delicado.

El conjunto de estas situaciones desató una ola de indignación en la comunidad fueguina, que exige explicaciones y sanciones para los responsables, además de una revisión urgente de la actuación del Poder Judicial provincial.