El Gobierno ordena despidos en la Procuración del Tesoro por presuntas filtraciones en la causa YPF

El Gobierno nacional decidió avanzar con despidos y una reestructuración profunda en la Procuración del Tesoro, tras detectar presuntas filtraciones de información vinculada a la causa por la expropiación de YPF, que se tramita en Estados Unidos. Según fuentes oficiales, habría indicios de venta de datos estratégicos por parte de empleados del Estado, lo que encendió alarmas en el Ejecutivo.

La Procuración, a cargo de Santiago Castro Videla, es el organismo que lidera la defensa jurídica del Estado Nacional en causas millonarias, incluyendo el juicio contra el fondo Burford Capital, que reclama el 51% de las acciones estatales en YPF. Desde el entorno presidencial confirmaron que el procurador impulsará la disolución de algunas unidades internas como parte de una “purga” para preservar la integridad institucional.

El escándalo ocurre justo después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. decidiera apoyar nuevamente el reclamo argentino, mediante un escrito presentado como amicus curiae ante la Corte de Apelaciones de Nueva York. En ese documento, el Gobierno norteamericano argumentó que obligar a Argentina a entregar sus acciones en YPF violaría las leyes de inmunidad soberana.

El caso judicial se remonta a la estatización de la petrolera en 2012. En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska falló en contra de Argentina, ordenando el pago de 16.000 millones de dólares. Actualmente, la administración nacional busca sumar respaldo de países aliados como Uruguay, Paraguay, El Salvador, Italia, Francia y Alemania.

Mientras se define el futuro del litigio en tribunales estadounidenses, la Casa Rosada acelera cambios internos para evitar más filtraciones y blindar la defensa del Estado en uno de los juicios más relevantes de la última década.