LORENA ACOSTA
En un fallo histórico para la provincia de Mendoza, el Juzgado Federal N.º 1 dictó el procesamiento con prisión preventiva de diez personas acusadas de integrar una banda criminal que operaba desde el interior del Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo. Se trata del primer caso en el que se aplica en Mendoza el artículo 210 ter del Código Penal, introducido este año por la Ley 27.786, conocida como “Ley Antimafia”.
La resolución, firmada por el juez Marcelo Garnica, señala que dos de los imputados, actualmente reclusos, dirigían desde la cárcel una organización dedicada al tráfico de drogas, armas y municiones. La investigación se inició en junio de 2024 a partir de una denuncia anónima recibida por la Unidad Fiscal de Mendoza, bajo la órbita del fiscal federal Fernando Alcaraz.
La pesquisa, desarrollada junto a la Unidad de Inteligencia Criminal de Gendarmería Nacional, incluyó intervenciones telefónicas, análisis de celulares y tareas de vigilancia, que permitieron identificar a los miembros de la banda y a un domicilio utilizado como centro de acopio y distribución.
Una segunda denuncia anónima reveló que las sustancias ilícitas ingresaban al penal ocultas en los cuerpos de mujeres embarazadas y niños durante las visitas, sin pasar por el escáner de seguridad. También se investiga la posible participación de personal penitenciario, aunque hasta ahora no fue probada.
Entre el 14 y el 22 de marzo de 2025, se realizaron 21 allanamientos que derivaron en la detención de los diez imputados y el secuestro de seis armas de fuego, municiones, drogas (cocaína, marihuana, LSD), vehículos, balanzas de precisión, documentación relevante y más de 90 teléfonos celulares.
Según el Ministerio Público Fiscal, la organización delictiva utilizaba vehículos con documentación irregular y otras maniobras para ocultar el origen ilícito de sus bienes. El procesamiento incluye cargos por tráfico agravado de estupefacientes, tráfico de armas y encubrimiento, todos cometidos desde un centro de detención y con la intervención de menores. Además, se ordenó un embargo de $4.680.000 sobre los bienes de cada imputado.
