GASTON PAROLA
En el marco del ambicioso plan de reestructuración del Estado impulsado por el gobierno de Javier Milei, la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad generó una ola de preocupación en distintos sectores. Entre ellos, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) manifestó su inquietud por las consecuencias de esta decisión en el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura vial del país.
“Entramos a un mundo desconocido. No tenemos idea de cómo van a ser los próximos pasos ni cómo va a funcionar la medida”, señaló el presidente de Camarco, Gustavo Weiss, en declaraciones recogidas por el diario Ámbito Financiero. El anuncio oficial fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y propone reemplazar al histórico organismo por un modelo basado en licitaciones y concesiones privadas, bajo la órbita del Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo.
Weiss remarcó que organismos como Vialidad existen en todos los países del mundo, ya que cumplen un rol clave en la planificación y ejecución de obras estratégicas. “En todos los países hay un organismo como Vialidad”, afirmó, y advirtió que, en el contexto argentino, donde “todo está muy concentrado”, la eliminación de esta institución puede tener impactos negativos impredecibles.
La Confederación General del Trabajo (CGT) también se pronunció en contra de la medida, calificándola como un “ataque directo al modelo de país federal”. Desde la central obrera advierten que el cierre de Vialidad implica un abandono de las responsabilidades estatales en materia de infraestructura, lo que podría derivar en un mayor deterioro de las rutas, más accidentes y riesgos para los millones de personas que las transitan diariamente.
Por su parte, Graciela Aleñá, titular del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), fue aún más categórica y acusó al presidente Milei y al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de promover “rutas nacionales de la muerte”, ante la falta de inversión y mantenimiento.
La preocupación se profundiza con el anuncio de que también desaparecerán otros organismos como la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Economía y la Gendarmería Nacional, mientras que una nueva agencia supervisará las concesiones viales privadas.
Desde el sector constructor, la sensación es de incertidumbre. “No hay certezas operativas”, afirmaron desde Camarco, y advirtieron que la continuidad de obras fundamentales está en riesgo. El futuro de la infraestructura vial, clave para el desarrollo federal del país, parece hoy atravesar una etapa crítica y sin rumbo claro.
