Milei vetó la ley de emergencia para Bahía Blanca: no habrá fondo especial de $200 mil millones

El presidente anuló una ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso que buscaba asistir a los damnificados por las inundaciones de marzo. El Gobierno argumenta falta de financiamiento y duplicación de esfuerzos.

Política 24 de junio de 2025GASTON PAROLAGASTON PAROLA
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En una medida que generó fuerte repercusión política, el presidente Javier Milei vetó este martes la ley de emergencia para Bahía Blanca, sancionada por el Congreso con amplio consenso. La normativa preveía un fondo especial de $200.000.000.000 para asistir a los damnificados por las severas inundaciones que azotaron la ciudad bonaerense en marzo pasado.

El veto fue formalizado mediante el Decreto 424/2025, firmado junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La ley había sido impulsada por sectores de la oposición, pero recibió apoyo transversal, incluso de legisladores libertarios. En el Senado obtuvo 64 votos afirmativos y ningún rechazo; en Diputados, la votación final arrojó 153 votos a favor y 32 en contra.

La iniciativa contemplaba no solo la creación del fondo, sino también subsidios para quienes perdieron su fuente de ingresos, líneas de financiamiento preferenciales, y obras de infraestructura. Además, se preveía la inclusión de Coronel Rosales, otra localidad severamente afectada por las lluvias, aunque el Gobierno argumentó que no estaba contemplada en los informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional.

Desde Casa Rosada justificaron la decisión asegurando que el proyecto carece de previsión presupuestaria, violando los requisitos de la Ley de Administración Financiera. También afirmaron que el Ejecutivo ya había tomado medidas con anterioridad, como el Decreto 238/25 para la reconstrucción de Bahía Blanca, así como la implementación de asistencia mediante el Banco Nación y financiamiento del BID.

El comunicado oficial enfatizó que el Poder Ejecutivo ya está en la etapa final de ejecución de los fondos asignados por decreto, y que una nueva asignación duplicaría el gasto con recursos del Tesoro sin sustento financiero.

Ahora, la ley vuelve al Congreso, que podrá insistir con su aprobación solo si reúne una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras, un escenario que se vislumbra complejo.

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