El Gobierno volvió a flexibilizar el acceso a armas de fuego

Una nueva resolución del Ministerio de Seguridad elimina trabas administrativas y habilita la compra de armamento semiautomático para civiles.

Política 24 de junio de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
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El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, oficializó este martes nuevas medidas que facilitan el acceso de civiles a armas de fuego y reducen exigencias burocráticas para usuarios comerciales y entidades vinculadas. Lo hizo a través de la Resolución 77/2025 publicada en el Boletín Oficial, mediante la cual la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) modificó aspectos clave del régimen administrativo vigente.

Entre los cambios más relevantes, se elimina el pago de la tasa anual obligatoria y se extiende el plazo de reinscripción de uno a cinco años para fabricantes de armas y municiones, talleres especializados, entidades de tiro, y otras actividades comprendidas. También se suprime la obligación de presentar anualmente documentación sobre la situación societaria y operativa del usuario registrado.

La ANMAC justificó la medida al considerar que dichos requisitos eran innecesarios si no se producían cambios en las condiciones registrales. Aun así, se mantiene la obligación de informar cualquier modificación dentro de un plazo de 30 días.

Estas reformas se suman a la decisión del Ejecutivo de habilitar, días atrás, la adquisición y tenencia por parte de civiles de armas semiautomáticas de alto poder, similares a fusiles o subametralladoras. El decreto firmado entonces por el Poder Ejecutivo dejó sin efecto el Decreto 64/1995, que prohibía a usuarios civiles el acceso a ese tipo de armamento, limitándolo solo a las fuerzas de seguridad.

Con el nuevo régimen, la ANMAC podrá autorizar bajo un sistema especial la compra y uso de este tipo de armas para actividades deportivas o fines lícitos, sustituyendo el antiguo modelo restrictivo por uno de control administrativo más flexible.

Estas medidas han generado un amplio debate en distintos sectores sociales, ante el impacto que podrían tener en la seguridad pública y la regulación del armamento civil.

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