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Fondos que ya ganaron un juicio en Londres exigen ahora en Washington más de US$ 1.700 millones por cupones PBI impagos.
Economía24 de junio de 2025Cuatro fondos de inversión presentaron en Estados Unidos una nueva demanda millonaria contra la República Argentina por una deuda que, aseguran, supera los 1.700 millones de dólares. La presentación judicial fue realizada ante la Corte del distrito de Columbia, en Washington D.C., y reclama el cumplimiento de una sentencia firme dictada por el Tribunal Supremo de Londres en 2023.
Los demandantes son Palladian Partners LP, HBK Master Fund LP, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited. Se trata de acreedores que habían adquirido cupones atados al Producto Bruto Interno (PBI) emitidos entre 2005 y 2010, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Según la acusación, la Argentina habría manipulado las estadísticas del INDEC —durante la gestión del exsecretario de Comercio Guillermo Moreno— para reducir artificialmente el nivel de crecimiento económico y así evitar el pago de esos cupones.
Tras el fallo adverso en Londres, el gobierno argentino, bajo la gestión de Javier Milei, depositó cerca de US$ 360 millones como garantía para apelar, pero esos fondos ya fueron adjudicados a los demandantes. Ahora, los bonistas reclaman que más de 1.500 millones de euros del fallo británico continúan impagos y piden su ejecución en territorio estadounidense.
En paralelo, el reciente acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció por primera vez que las contingencias legales por juicios perdidos se contabilizan como deuda. Según Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, se estima que los pasivos no reconocidos con bonistas fuera de los canjes alcanzan los US$ 4.000 millones, e incluyen justamente los reclamos por los cupones atados al PBI.
Este nuevo frente judicial complica aún más la situación financiera del país y vuelve a poner en el centro del debate la herencia de los procesos de reestructuración de deuda y la transparencia de las estadísticas públicas.
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